Las dificultades de Alberto Fernández para definir, planificar y comunicar medidas que encima son tremendamente controversiales quedó expuesta ayer más que nunca.
Al punto que tuvo que salir a completar y aclarar casi todo porque había oscurecido mucho más de lo que había aclarado.
Por ejemplo, es insólito que algo tan importante como la AUH plus de 15 mil pesos no se anunciara anoche y recién se informara esta mañana y a través de una entrevista. Evidentemente fue algo que se decidió recién cuando se escucharon los cacerolazos.
Otra fue el lacónico reproche a la salud privada por haberse “relajado”, como dijo el presidente, como si las empresas, los médicos y las enfermeras que están en una profunda crisis cercana a la quiebra se hubieran dedicado estos meses a forrarse, cuando en realidad trataron de atender pacientes a los que debieron patear para adelante en la cuarentena del año pasado.
Ni hablar del cierre de escuelas que anunció Fernández y del que no estaba enterado ni su propio ministro de Educación. El gobierno también tuvo que salir a aclarar que también cerrará los shoppings, porque era ya demasiado absurdo cerrar las escuelas durante el día y dejar los centros comerciales abiertos.
Hubo algo más. El gobierno tuvo que salir a aclarar que los militares van a prestar un servicio sanitario de apoyo y no van a cumplir tareas de seguridad. La exigencia de que se cumpla el toque de queda estará a cargo de las fuerzas de seguridad y la Policía Federal. Su discurso había sido lo suficientemente ambiguo y confuso, dando la impresión de que las fuerzas armadas comenzarían a poner puestos de control en los cuales chequearían exigencias sanitarias, tipo pases, o tests. Y eso es algo que además de estar prohibido por ley parecía poco coherente para la militancia derechohumanista K, que en 2016, por ejemplo, montó un escándalo porque Aldo Rico había participado del desfile del bicentenario entre los veteranos de Malvinas.
