El presidente Alberto Fernández viene reuniéndose con los máximos empresarios del país para tratar de tranquilizar a quienes deberían invertir en el país. La tarea es difícil. Fernández puede prometerles cualquier cosa, pero luego los empresarios ven con pavor que el presidente calla ante los piqueteros K que entran y se instalan en un campo sin permiso de los dueños legales. Y que hasta la Justicia tiene miedo de decirles que eso es un delito, como le acaba de pasar en Entre Ríos al juez Raúl Flores en el conflicto por los campos de la familia Etchevehere. En la Casa Rosada Fernández jura que esta es una economía de mercado, que se respetan los contratos y que vale el derecho de propiedad de la Constitución. Fuera la Casa Rosada, sucede todo lo contrario.
Uno de los empresarios con que se reunió Fernández es Paolo Rocca, el máximo ejecutivo y mayor propietario de Techint. Lo visitó ayer junto a su histórica mano derecha, Luis Betnaza.
Los periodistas remarcaron que la reunión fue incómoda porque, al inicio de la pandemia, el presidente le dijo a Rocca por la televisión que era un miserable por despedir a casi 1.500 obreros de la construcción. Después se vio que no eran despidos sino la cancelación de contratos que es usual en el sector cuando se termina o se congela una obra, para lo cual se paga un seguro de desempleo especial. No se puede tener albañiles contratados de por vida, como lo descubre cualquiera que amplía su casa una vez que la pieza y el baño nuevos están terminados.
Las tomas de Chávez y las de Grabois
Pero ese es el menor del trago amargo que tuvieron que apurar Rocca, Betnaza y Fernández. Porque Betnaza y Rocca fueron quienes declararon, ante la Justicia, como procesados, que en febrero de 2007 comenzaron a pagar coimas (o extorsiones) de 100 mil dólares mensuales Claudio Uberti y Roberto Baratta, altos funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner, a cambio de que el gobierno convenciera al entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez, de compensarlos por la confiscación de Sidor. Una toma, parecida a las que impulsa aquí el piqueterismo papal.
Uberti admitió esos pagos, aunque en 2006. Baratta los negó, aunque su chofer los tenía anotados en sus cuadernos. El juez Marcelo Martínez Giorgi, que tomó la causa cuando murió Claudio Bonadío, dictó la falta de mérito para todo el mundo sin que se entienda muy bien por qué.
En 2006 y en 2007 ¿quién era el jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, el jefe de los recaudadores de la Corona? Sí señor: era Alberto Fernández.
Los cronistas que accedieron a los detalles de la reunión entre el presidente y la cúpula de Techint dicen que el encuentro terminó bien y que las asperezas fueron limadas.
A nadie le sorprende. Aquí puede haber extorsiones, coimas, tomas e insultos, todo a cielo abierto. Y de todos modos nunca pasa nada.
