La manifestación de respaldo a Mauricio Macri en su primera declaración indagatoria por su presunta participación en el supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan, es inevitablemente, una presión sobre la Justicia.
Los políticos pueden aclarar que sólo lo hacen para respaldar a una persona a la que valoran y admiran. Pueden decir que necesitan defenderlo en la calle porque la Justicia federal que indaga a Macri está integrada en su abrumadora mayoría por magistrados designados en los largos 14 años de gobiernos K.
Pero el proceso judicial no puede suceder en las calles.
A Macri, como a Cristina Fernández, lo empiezan a indagar jueces que pueden no gustarnos, pero son sus jueces naturales. Tiene las garantías del debido proceso. Tiene apelaciones por delante.
Los jueces no deben fallar según los abucheos o los aplausos que escuchen en las calles. O según quién aplauda más. En las últimas horas se ha desatado una especie de competencia con Cristina Fernández: a ver si la manifestación de Macri será más grande o más chica que las de Cristina.
La verdad, no es una buena vara. Entre otras cosas, porque el humor de los tribunales callejeros es bien cambiante. En abril de 2016, una multitud acompañó a Cristina Fernández a su primera declaración en Comodoro Py.
Pero en agosto de 2018, cuando hasta un exjefe de Gabinete de Cristina como Juan Manuel Abal Medina había admitido ante la justicia -sin siquiera declarar como arrepentido- que había recibido dinero en negro de constructoras como aporte a la campaña 2013 y que Roberto Baratta era el recaudador, sólo fueron dos personas a respaldarla.
Una de ellas fue el piquetero papal Juan Grabois. Que después les tuvo que pedir disculpas por eso a sus colegas del Movimiento Evita (que se habían despegado de CFK como de la peste y hoy están otra vez con ella). Grabois debió aclarar que había ido en términos personales, juró que no era kirchnerista y repitió varias veces que para él había habido una trama de corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo. Todos los demás no fueron a tribunales ni dijeron “mu”.
Conclusión: los respaldos o los aprietes populares, en términos judiciales, no deberían significar nada. No sólo porque presionan a la Justicia, sino porque sus sentencias pueden durar un suspiro y darse vuelta en un santiamén. Imposible confiar la libertad o la prisión de nadie a semejante arbitrio.
No todos los políticos son iguales. No todos son lo mismo. Pero en una República los métodos sí tienen que ser los mismos para todos. Y por eso hay que dejar que la Justicia juzgue.
