Mientras sigue emitiendo dinero sin respaldo, que es nafta para la inflación, el gobierno relanza Precios Cuidados y comenzará exigir que se cumpla la ley de Góndolas. Dice que con eso quiere frenar la suba de precios. Vuelve a montar esa farsa extravagante y esotérica, que no se ve en ningún lugar del mundo, de inspectores anotando miles de precios en planillas que irán a parar a la basura, por más de que cada dos por tres nos enteremos de alguna clausura temporal. Ayudarán a controlar los intendentes del conurbano. Está bien. Es lo único que le importa al gabinete más unitario de la historia.
Lo que no entiendo es por qué los ciudadanos no le exigimos a la política que la misma obsesión que pone para controlar los precios privados la ponga para controlar el precio del Estado. Por qué no tratamos al Estado como si fuera también otro producto.
Al fin y al cabo, el “costo” del Estado aumentó mucho más que el de los fideos. Mirá este dato, que es último disponible: entre octubre del año pasado y este octubre, al Estado le ingresaron, incluyendo todo lo que le imprimió el Banco Central, 4,7 billones de pesos. Ese es el “precio”, el “costo” del Estado, lo que nos "cobra". ¿Y sabés cuánto aumentó ese precio respecto del mismo período anterior? 53%. O sea que el precio del Estado aumentó 53%. Eso es mucho más, por ejemplo, de lo que aumentaron los alimentos en el mismo período, de octubre a octubre, según el Indec: 44%. Sólo la vestimenta aumentó más que el Estado el último año. Todos los demás rubros subieron mucho menos.
El gobierno pone como excusa la pandemia, que le obliga a gastar más, como si la pandemia no hubiera afectado también a los privados. Pero, además, hace décadas que, sin pandemia, la Nación, las provincias, los municipios, vienen subiendo sus precios mucho más que los privados.
Así que no vendría mal aplicarle al Estado sus propio programa de Precios Cuidados. Y no sólo eso.
Y ya que estamos también habría que aplicarle la ley de Abastecimiento. ¿Por qué se puede clausurar un súper si no ofrece tomates al precio que dice el burócrata, tomates producidos por un emprendimiento de Grabois y tomates producidos por una cooperativa, y, en cambio, el Estado se puede pasar un año sin dar clases presenciales, incluso cuando ya se sabe que los chicos se contagian poco, y nadie clausura al Estado, que nos sigue cobrando un servicio que no presta? ¿Qué harían si una telefónica actuara así?
¿O por qué, si el Estado nos cobra lo que nos cobra, un productor agropecuario tiene que salir a rastrearse solo los tractores que le robaron, demostrando que encontrarlos es fácil y que sólo hay que administrar bien la policía? ¿O por qué, si el Estado nos cobra lo que nos cobra para pagar ejércitos de trabajadores sociales, el agua para una comunidad wichi de Salta depende de la generosidad de un empresario que es capaz de proveerla a costos razonables que el Estado es incapaz de conseguir?
¿Por qué, si así son las cosas, la Nación acaba de efectivizar a 29 mil estatales más que sumarán al costo, aumentarles 25% el sueldo que pagaremos nosotros y encima les da asuetos el 25 y el 31? ¿Qué pasaría si los súper no abrieran el 25 y el 31? ¿Los multarían?
Deberíamos exigir que el Indec mida también mes a mes cuánto nos cuesta el Estado. Y salir todos con planillitas a controlar cuánto nos están cobrando los burócratas y a clausurar las oficinas que hace años funcionan a media máquina, como si estuvieran cerradas, sin que a nadie se le mueva un pelo.
