Si finalmente el senador peronista cordobés Carlos Caserio ocupa el Ministerio de Transporte de la Nación, la designación va a leerse como un premio de Alberto Fernández. Pero va ser un premio envenenado. En particular para alguien del interior. El Ministerio de Transporte de la Nación es la mayor fábrica de castigos para el interior y de privilegios para la Capital Federal y el conurbano bonaerense, es decir, el Gran Buenos Aires, por la forma en que se reparten los subsidios.
El kirchnerismo llevó la inequidad de los subsidios del transporte a niveles exasperantes, jamás vistos. El macrismo la redujo, apenas un poco.
Lo peor es el transporte ferroviario, donde ni siquiera nadie se queja de que todos los habitantes del país paguemos casi todo el costo de trenes que sólo funcionan en el Gran Buenos Aires. Escuchá este dato: en el primer semestre, el 60% de todos los subsidios al transporte fue para los trenes.
Casi el 40% de los subsidios restantes van al transporte por colectivo, pero se siguen repartiendo con desigualdad. El macrismo achicó la asimetría al eliminar las subvenciones más escandalosas para todos los distritos. Pero resulta luego puso un subsidio para colectivos urbanos que unen dos jurisdicciones distintas. Obviamente, casi todos los urbanos del país que unen dos distritos son los que comienzan en Capital Federal y terminan en el conurbano o viceversa. La consecuencia es un perjuicio multimillonario para el interior que no está medido.
Otra piedra en el zapato es el transporte aéreo. Fernández les prometió los dueños de Aerolíneas Argentinas, es decir a los gremios, que no sólo les va a seguir bancando los cientos de millones de dólares anuales que viene consumiendo esa empresa desde 2008, sino devolverles el monopolio que el macrismo rompió habilitando a las low cost, que multiplicaron sus servicios en el interior.
Finalmente, está Hugo Moyano. Promover los camiones bitrenes o el transporte de cargas por tren, como necesita el interior, va contra los intereses del más temido de los sindicalistas.
Hay que hacer las cuentas precisas que no existen, pero es probable que 8 de cada 10 pesos del presupuesto de ese ministerio presuntamente nacional se termine gastando donde vive un tercio de los habitantes. Y en el 1% del territorio del país, lo cual es una vergonzosa paradoja tratándose de un ministerio de… ¡transporte!
Si a Caserio se le ocurre poner el ministerio de Transporte al servicio del interior va a tener el apoyo de la liga de gobernadores en la que se recuesta Fernández. Pero se va a tener que enfrentar con el cristinismo, que tiene su voto mayoritario en el conurbano; con los intendentes de esos partidos; con Axel Kicillof, que tendría que firmar subas de tarifas si le achican subsidios, y con los gremios más capaces de enloquecer al país: los aeronáuticos, los choferes de la UTA, los camioneros y los ferroviarios.
Ojalá Caserio pueda mejorar la mayor injusticia presupuestaria de la Argentina. Si no lo hace dejará conforme al puerto y a las ciudades pauperizadas y sin destino que lo rodean. Pero entonces nos dejará disconformes a todos nosotros, al 60% de los habitantes del país que tenemos colectivos caros, que no tenemos tren y a los que, encima, nos quieren sacar los aviones. Es difícil imaginar un lugar más incómodo para un funcionario del interior.
