El gobierno acaba de sumariar a tres fabricantes de alimentos de primera línea (Mondelez, Bagley y Pepsico) por modificar ínfimamente sus productos con el fin de eludir el control de precios.
Los casos son extremos. Por ejemplo, acusa a Mondelez de haber cambiado el peso neto de un paquete de galletitas en un solo gramo (de 118 a 119 gramos) aumentando el precio del nuevo paquete en 50%. Dicho así, la maniobra parece repudiable. El sumario y la sanción parecen justificados. El gobierno dice que viola leyes porque engaña al consumidor con una presentación y un etiquetado que facilita la confusión.
Pero si uno mira un poco más a fondo, la cosa deja de estar tan clara. Primero: ¿por qué hacen estas cosas tan grotescas ahora las empresas y no las hacían antes? ¿por qué las hacen en Argentina y no en otros países donde actúan las mismas empresas?
La explicación de fondo es el propio control de precios. El gobierno los congeló al 6 de febrero del año pasado. Desde entonces la inflación superó el 44%. Pero la Secretaría de Comercio sólo autorizó subas en algunos productos en torno al 10%, pese a que las empresas tuvieron mayores costos por la pandemia. Un par de meses hubo ayuda estatal para los sueldos, pero lo demás fueron amenazas de clausura y exigencias absurdas de información.
El sistema de Precios Máximos se prometió como una emergencia temporaria. Pero ya va a hacer más de un año que rige.
Y mientras tanto, la causa de la inflación sigue con los motores a full. El gobierno sigue emitiendo miles de millones sin respaldo para financiar su gasto. El año pasado, el gobierno justificaba eso con la pandemia. Ahora, sigue gastando como un enloquecido porque quiere seguir gastando a rolete hasta las elecciones. Sólo en marzo el Banco Central emitió 135 mil millones de pesos para bancar el rojo del Estado, pese a que tuvo recaudación récord. Y eso fue marzo. Antes de la segunda ola. No fue por la pandemia. Es por las elecciones.
Pero, claro, en el laboratorio económico de dementes que es la Argentina no sólo el Gobierno persigue a las empresas y oculta su propia irresponsabilidad. Lo peor es que todos nosotros pensamos que es algo natural, normal, racional, que el gobierno pretenda obligar a Mondelez a fabricar para siempre las galletitas de 118 gramos al mismo precio, aún si lo tiene que hacer a pérdida. No sé cómo aceptamos eso. Que se sepa, en Argentina aun no hay campos de trabajo forzado. Esto es algo obviamente inconstitucional, aunque hayamos perdido toda capacidad de sorpresa. Son todas extravagancias de burócratas a los que hemos dejado sin supervisión de los padres, son delirios que, no en vano, no se ven en ningún lugar del mundo, sobre todo en los países donde las galletitas pesan y valen siempre lo mismo.
