El gobierno acaba de prorrogar por otros dos meses la prohibición de despidos por fuerza mayor o sin causa y las suspensiones sin acuerdo gremial. Con esto, las empresas acumularán más de cuatro meses de la recesión más abrupta de la historia sin poder adecuar sus costos laborales a la coyuntura y a la nueva economía que vaya a dejar la pandemia. Ni siquiera cumpliendo la ley.
Es cierto que el Estado, al mismo tiempo que ordenó cerrar la economía, solventó parcialmente los salarios privados con emisión de dinero sin respaldo. Pero eso no llegó a todas las empresas y fue de ayuda a las que pagan bajos sueldos pero no tanto para las que pagan salarios altos (el tope de 34 mil pesos significa más en los sueldos bajos y menos en los altos). Y, para los salarios de junio, el medio aguinaldo y el salario de julio va a estar mucho más limitado a los sectores que sigan cerrados y al Gran Buenos Aires. Donde la economía se haya flexibilizado, el subsidio al sueldo se va a reducir o eliminar. Pero las empresas van a estar lejos de estar operando a full, normalmente, como antes de la Pandemia, cuando podían mal que mal pagar los salarios.
El empleo está muchísimo más golpeado de lo que podemos ver por ahora, según la CTA Autónoma, por ejemplo, las empresas dejaron de pagar en abril los aportes de 1,3 millón de empleados. Es un cuarto del empleo privado en blanco. La encuesta de Indicadores Laborales de la Nación marcó la mayor caída del empleo formal desde 2002, pese a que los despidos están prohibidos, porque hay renuncias (algunas “acordadas”), jubilaciones y contratos que se cancelan. Nada de eso se renueva, por supuesto.
La apuesta del gobierno es que las empresas hagan un enorme esfuerzo y logren financiar los salarios de estos meses de vacío. Ojalá lo logren. Si no lo logran, cuando las prohibiciones de despidos y suspensiones ya no puedan prolongarse nos vamos a enterar del costo que tuvo esta crisis en empresas y empleos en blanco. Como las procesiones, el desempleo hoy va por dentro.
