Hoy, en La Voz del Interior, nuestra colega Florencia Ripoll publica que los nuevos alquileres vienen con aumentos de 50% y que hay una menor oferta. Los especialistas dicen que esto es culpa del congelamiento de alquileres que decretó el gobierno. Obviamente, ante el temor de que los congelamientos sigan, los propietarios se curan en salud: piden mucho más o directamente dejan de ofrecer viviendas en alquiler. Es un caso típico de pésima intervención estatal. Queriendo beneficiar a los inquilinos a costa de los propietarios, el gobierno termina perjudicando a los dos. Pierden todos.
En Argentina siempre hubo pésimas intervenciones estatales. Pero con la pandemia se multiplicaron. Y han terminado en una irracionalidad sin pies ni cabeza.
Por un lado, hay planes y subsidios que consisten en ponerle directamente plata en los bolsillos a las personas más golpeadas: hay jubilaciones sin aportes, asignación universal por hijo, 600 mil piqueteros a sueldo, becas, hubo IFE, subsidio a salarios privados, tarjeta Alimentar. Además de dinero, el Estado también reparte bienes: desde bolsones alimentarios hasta copas menstruales.
Pero, encima de esto, el gobierno ha forzado a privados a subsidiar a cientos de miles de personas. Por decreto o ley, particulares y empresas están obligadas a vender de todo a precios menores, congelados o controlados: alquileres, servicios de Internet, cable, celular, gas, luz, 2.300 alimentos y productos de higiene, carne, servicios médicos, cuotas hipotecarias, combustibles, agua potable, colectivos… La lista es interminable.
Semejante caos tiene efectos perversos. Uno: es imposible saber cuánto se subsidia, cuándo es suficiente. Otro: es imposible controlar quien se beneficia en exceso y quién no. Terceros: tanta irracionalidad destruye la economía; las empresas no saben cuándo las van a obligar a qué, los precios no responden más a la oferta y la demanda y crece la incertidumbre. Lo mismo que les pasa a los inquilinos les pasa a todos. La economía funciona cada vez peor.
Es esta demagogia de mil cabezas la que ha provocado todo este desorden empobrecedor.
Si fuera mínimamente ordenada y no estuviera tan mal gobernada, la Argentina debería tomar una decisión: si ya subsidia con dinero a la gente que lo necesita, pues entonces ya está. Esa debería ser la intervención estatal. En todo caso, debería aumentar el monto de dinero. Y entonces, con ese dinero, el subsidiado se las arreglará para pagar alquiler, bondi, asado, polenta, gas o lo que fuera. Y con suerte podrá conseguirse un empleo de verdad en una economía un poquito más racional, donde las empresas, los inversores, los propietarios de vivienda, todos, no tengan que huir despavoridos.
Seguir lo que hacemos termina perjudicando a todos, creyendo que beneficiamos a algunos. Igual que pasa con los alquileres.
