Como todo nuevo gobierno, el de Alberto Fernández es, en sus primeros días, una ametralladora de anuncios, versiones, declaraciones y trascendidos. En toda esa parafernalia se escucha de todo. Excepto una cosa: cómo va a ahorrar el Estado (la Nación, provincias y municipios) para colaborar con la crisis.
En cambio, hay un vendaval de informaciones acerca del ajuste de cinturones que se van a tener que hacer los sectores privados. Se escucha de todo. Que se va a restituir el IVA a los alimentos que había rebajado Macri luego de perder las Paso; que la alícuota de Bienes Personales podría duplicarse; que varias provincias van a volver a subir Ingresos Brutos al terminarse el pacto fiscal; a los exportadores industriales que se ilusionaban con una eliminación de retenciones, el gobierno ya les dijo que ni lo sueñen. Incluso se habla de crear un nuevo impuesto inmobiliario de alcance nacional.
Por encima de todo estará, por supuesto, el impuesto inflacionario, que no para de subir desde hace 10 años y que en el primer semestre podría alcanzar nuevas cúspides si el ministro Martín Guzmán no le acierta en el plan integral que está diseñando.
Por supuesto, está claro que no se van a salvar los mayores y más despreciados contribuyentes de la Argentina: los de la agroindustria. Están desde los vitivinicultores de Mendoza -que no tienen con qué comprar las botellas para poner el vino que hay en los toneles que deben desocupar para dar lugar a la nueva cosecha y, ruegan que no se las suban. Hasta la cadena de la carne, que teme que les suban las retenciones del 5% actual al 12% y aborten el boom de exportaciones a China. Por supuesto, ni hablar, en el centro de la mira están las exportaciones de soja, maíz, trigo y otros granos. El campo ya sabe que va sufrir otro hachazo.
A todo esto, no va que justo un juez federal de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, acaba de reactivar una causa judicial contra la dirigencia empresaria, sindical y política del agro por un corte de ruta que tuvo lugar en marzo de 2008 como parte de las protestas contra la resolución 125. Eduardo Buzzi, Mario Llambías, Luciano Miguens, Hugo Biolcati, Fernando Gioino, Silvio Etchehum y Margarita Stolbizer, entre otros, acaban de ser reprocesados y embargados ahora, por el mismo juez que en 2017 los había sobreseído.
Seguramente es todo una increíble casualidad en el país más extravagante del mundo.
