Es multimillonario y nunca trabajó. Es tal vez el político más poderoso, pero de un poder que heredó de papá y mamá. Es hotelero, pero nunca administró una pensión. Está en contra del mérito porque dice que esa idea oculta privilegios de cuna, pero si no fuera por el privilegio de haber tenido dos padres presidentes, nosotros jamás habríamos escuchado su nombre.
No es sorprendente, entonces, que Máximo Kirchner, -sin ser ganadero, sin saber nada de la cría y engorde de animales, sin conocer el negocio de los frigoríficos, sin tener la menor idea de lo que es exportar- sea, de todos modos, la persona que decide si los criadores, los feedloteros y los frigoríficos argentinos pueden exportar carne o no.
Uno puede apenas imaginar lo que debe sentir un chacarero que hace cuatro años invirtió en vaquillonas y recién ahora tiene un novillo de dos años listo para mandar al matadero, y que ve que todo ese esfuerzo depende del capricho de alguien que ignora el tema. Y que incluso ignora la opinión de los propios funcionarios del gobierno.
En el mejor de los casos, Máximo decide, como si fuera un monarca, según su conveniencia para las próximas elecciones.
Todo eso quedó al descubierto en las últimas horas. El gobierno prorrogó hoy hasta el 31 de octubre la prohibición de exportar carne vacuna, incumpliendo su promesa de revisar es daño enorme a provincias como Córdoba, Santa Fe, La Pampa y otras.
Pero además un correo electrónico del secretario de Agricultura, Jorge Solmi, enviado por error a un grupo de productores, dejó en evidencia que tanto él como el ministro de Agricultura, Luis Basterra, están completamente dibujados. En el mail, Solmi ruega que alguien haga un último esfuerzo para pedirle por favor a Máximo Kirchner que flexibilice aunque sea un poquito el cepo a la carne.
Obviamente, sus plegarias fueron en vano: Máximo decidió mantener la prohibición, tratando de forzar que la carne no aumente en las elecciones. O sea: obliga al campo a financiarle la campaña electoral.
Solmi y Basterra saben que la medida es dañina y que, además, lleva a que el gobierno decida a dedo quién exporta y quién no, lo cual es de entrada un foco de corrupción.
Todo esto sería considerado antidemocrático e inconstitucional en cualquier país medianamente civilizado.
No sabemos si Solmi tendrá la dignidad de renunciar. Porque lo que está haciendo el funcionario es prestar su nombre y cobrar un sueldo sólo para que el hotelero, político, inmobiliario y millonario, Máximo Kirchner, ahora juegue -también- al ganadero.
