¡Tanta historia por lo que dijo el exgobernador de Mendoza...! Al final, Alfredo Cornejo apenas opinó que, si Mendoza se hartara de ser discriminada por la Nación, podría vivir sola porque se la banca económicamente. Y, mientras todos hablábamos del Mendoexit, en San Luis dieron otro paso más hacia la secesión por etapas que concretan los Rodríguez Saá desde hace años.
Los señores feudales del del Estado Libre Asociado de San Luis, como lo llama el escritor Jorge Asís, aprovecharon la pandemia para directamente cortar decenas de caminos y rutas que une San Luis con otras provincias y dejar algunos pasos con exigencias y tiempos tortuosos, en la práctica inviables. Sólo les falta pedir pasaporte y visa.
Por culpa de los Rodríguez Saá, por ejemplo, hay estudiantes de sanluiseños que han pasado meses en Córdoba capital sin poder volver a sus hogares, esperando un turno.
Pero los más afectados son riocuartenses, mercedinos y otros ciudadanos de esas zonas que históricamente están por completo mezclados por lazos familiares, sociales y económicos.
Por eso ya hay una pequeña industria de pasos a través de campos. Gente de San Luis cuenta que se puede llegar a pedir hasta 50 mil pesos para un pase ilegal de esos.
Todo parece exagerado, fruto de la paranoia puntana. En Río Cuarto no hay casos de Covid desde el 6 de abril. Tres meses.
Por eso, productores de campo y consorcios camineros de la zona fueron a la Justicia Federal de Río Cuarto para pedir que se declare inconstitucional la violacion de la libertad ambulatoria que impone el capricho de los Rodríguez Saá. Y la justicia les dio la razón y ordenó sacar los terraplenes ilegales y racionalizar los controles fuera de toda lógica.
Pero San Luis ya casi completó su Sanluisexit. A las pocas horas otro juez federal, pero de San Luis, le dio una cautelar al gobierno provincial para que pueda seguir violando tranquilo la Constitución nacional, que a esta altura se ve que no es más la de San Luis. Allí ya deben tener otra Constitución a la que le amputaron los artículos 10 y 11 que prohíben las aduanas interiores y el artículo 14 que dice que todos los argentinos tienen el derecho de “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio”. Y que a esos derechos los reglamenta la Nación, no el antojo de cada mandamás local.
Ahora, estamos todos esperando que una cámara diga lo obvio. Quién de los dos jueces federales tiene la razón: si el riocuartense o el puntano. Mientras, en la zona siguen presos.
¿Vieron que Uruguay está convocando a los argentinos hartos de la inseguridad y la confiscación para que se radiquen allí? Bueno, a mí me da la impresión de que para cuando salga el fallo de la Cámara va a ser más fácil vivir en Uruguay y hacer negocios en Argentina que vivir en Río Cuarto y hacer negocios en Villa Mercedes. Una verdadera vergüenza.
