El Foro de Análisis de la Construcción de Córdoba acaba de presentar hace un rato un informe muy interesante en el que se compara cuánto le cuesta al Estado una vivienda social, según la construya una empresa privada que gana una licitación o las organizaciones que manejan los grupos piqueteros. El autor del estudio, Gastón Utrera, dice que, a primera vista, una vivienda social le cuesta menos al Estado si se la encarga a una organización piquetera. La vivienda construida por la empresa privada es 50% más cara.
Pero, claro, esto es porque la constructora privada paga mucho más de IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, obra social, aportes patronales, costos financieros (las privadas van haciendo las obras antes de cobrarle al Estado) y el Ieric (un seguro de desempleo exclusivo para los empleados del sector). A todo eso no lo pagan las cooperativas piqueteras, cuyos integrantes reciben diversos tipos de subsidios por ser informales y, además, la Tarjeta Alimentaria.
Según Utrera, cuando se resta todo lo que paga la constructora -al fin y al cabo los impuestos, aportes y seguros que paga la constructora son un ingreso o un ahorro del Estado- y se suman los subsidios sociales que reciben los cooperativistas -que son un gasto extra para el Estado-, entonces la cosa se da vuelta. Y la vivienda social que construye el privado es 5% más barata que la de la cooperativa.
Por supuesto hay otras ventajas del lado de las empresas, asociadas a la formalidad y profesionalización del empleo y al desarrollo de empresas que, al obtener ganancias, pueden invertir y elevar la productividad, cosas de enorme valor social.
La discusión es profunda. Primero porque acá no está sólo la típica puja entre constructoras y Estado, sino también entre la Uocra y los piqueteros. Las empresas y la Uocra son socios. Los piqueteros dueños de las cooperativas son socios del gobierno que administra las licitaciones y el relanzado plan Procrear, por ejemplo.
Además, este alineamiento que vemos en chiquito, en un solo sector, es mucho más amplio.
¿Por qué? Bueno, porque hay una gran puja por definir quién tiene que liderar la salida de la pandemia y la recuperación económica.
El empresariado competitivo, la oposición, el peronismo no kirchnerista y la CGT consideran inevitable que sea el sector privado el que lidere. Son todos los que estuvieron en la reunión entre AEA y la CGT que disgustó a Cristina y a Máximo Kirchner. En cambio, La Cámpora, los sindicatos estatales, los piqueteros que viven del gasto público, la industria protegida, todos los que aplaudían estatizar Vicentin, quieren que sea el Estado.
Arriba del todo de esta gran discusión está Alberto Fernández, que va a tener que decidir entre unos y otros.
