Ya se dijo muchas veces: el mayor logro de la Argentina en estos años será que, por primera vez desde 1930, un gobierno democrático que no sea peronista podrá terminar su mandato constitucional en tiempo y forma. No hay golpe, no hay pueblada, no hay entrega anticipada del poder. Felicitaciones para todos nosotros.
No ha sido fácil. A la fragilidad propia de un país eternamente en crisis nuestros genios le agregaron un cronograma electoral que combina desde primarias obligatorias hasta segunda vuelta (creo que sólo Uruguay tiene esta ametralladora electoral) que entre pitos y flautas se come un año de campaña electoral, en una sociedad cuyos políticos están siempre en campaña.
Por eso, porque no ha sido fácil, Mauricio Macri está llegando a la meta del 10 de diciembre con el traje de presidente hecho jirones. Con lo justo. Deshidratado. Sin aire. Gateando, nunca mejor dicho tratándose de El Gato.
Las señales están en todas partes. Alberto Fernández se ocupa todos los días de exhibir su impaciencia, como si Macri fuera un jarrón molesto que alguien depositó en el sillón de Rivadavia. Y no ha respondido a la invitación clave realizada por el gobierno saliente a través del ministro de Hacienda a empezar una negociación con el FMI y acreedores bajo los términos que defina el gobierno entrante para no desperdiciar un tiempo que será precioso.
También la Justicia da señales. La Corte y la Cámara de Casación Penal acaban de tirar a la basura el plan del Ejecutivo para pasar al Poder Judicial el sistema de protección de procesados judiciales que declaran como arrepentidos en causas de corrupción. Los propios arrepentidos lo habían pedido porque temen lo que sucederá con ellos cuando el kirchnerismo, a cuyos exfuncionarios ellos han señalado, administre su protección. Es un paso más en el camino hacia la impunidad.
En la interna también se nota. La definición sobre si en Bolivia hubo un golpe o un quiebre institucional dejó en evidencia que Macri ya no puede convencer al radicalismo, a los peronistas macristas que siguen a Emilio Monzó e incluso a algunos diputados del PRO de seguir una línea oficial.
Hasta Hugo Moyano ya se siente liberado, como si todo peligro ya hubiera pasado. Y pasa a la ofensiva en negocios como el de OCA. Del riesgo de perderla en la quiebra que está en proceso judicial, ha pasado a pedirle a Alberto Fernández que le devuelva el control nombrando un administrador puesto por los camioneros y haciendo que el Estado contrate los servicios de OCA para asegurarle un flujo de recursos. Son milagros que suceden en los estertores últimos de la transición, con un gobierno que ya no tiene poder sino la alegría modesta pero extraordinaria de concluir en orden.
