Los argentinos vamos pasando de emergencia en emergencia. Pero no todos. Ahora, por ejemplo, casi todos inmersos en un ajuste: productores del agro, jubilados, trabajadores y empresas privadas, consumidores y ahorristas. Pero en el Estado zafan.
Algunas provincias ni se enteraron de que se acabó la fiesta. En Tierra del Fuego, por ejemplo, hace dos semanas duplicaron la cantidad de asesores que podrá tener el presidente del cuerpo: ahora puede nombrar a… 74 asesores. Toda la Legislatura tiene 15 legisladores, cada uno de los cuales podía tener 8 militantes pagos pero ahora podrá tener 10. Sigue la fiesta.
Hablando de fiestas, se repite lo de muchos años. Alberto Fernández ya les dio asueto para el 24 y el 31 a todos los empleados públicos nacionales. Lo mismo que Schiaretti en la provincia de Córdoba y Llaryora en la Municipalidad de Córdoba. ¿En qué se basan todos estos privilegios que tienen estos que, se supone, son nuestros empleados, si todos nosotros, sus supuestos patrones, trabajamos normalmente esos días? ¿Será que en realidad no tienen nada que hacer? ¿que si no van dos o tres días no pasa nada porque en realidad muchos de esos trabajos no son trabajos sino meros puestos, cargos, sillas? ¿Por qué nosotros, contribuyentes exhaustos de un Estado quebrado les seguimos pagando el sueldo atado con religiosa cláusula gatillo en medio de esta crisis?
Lo más grotesco es a nivel nacional. La crema de los empleados estatales mejor pagos y más progresistas del país se movilizó contra reloj para que la Argentina sea muy, muy solidaria pero, como siempre, sin la plata de ellos, sino con la plata de los demás. Los del Conicet, por ejemplo, consiguieron quedar excluidos del congelamiento de jubilaciones. Lo mismo los docentes de las universidades, bajo mayoritario control K, que se rasgan las vestiduras con la igualdad pero esta vez también corrieron a proteger sus billeteras. Igual que todos los jueces y empleados de todos los poderes judiciales, que nunca en su vida pagaron impuesto a las Ganancias y ahora seguirán con sus jubilaciones, por lejos las más altas de la Argentina, atadas a la inflación.
Acá la única que jamás entra en emergencia es la hipocresía.
