La maratón ordenada por un juez federal que esta mañana llevó a 22 la cantidad de detenidos en las investigaciones por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri es de extrema gravedad.
Por empezar, es grave para la gestión macrista, porque tiende un serio manto de sospechas sobre el manejo de los servicios de inteligencia.
Cómo será que la principal autoridad de Cambiemos en la Comisión Bicameral de Seguimiento de organismos se inteligencia como la AFI, el senador pampeano Juan Carlos Marino, que es vicepresidente de la comisión, se asume como una víctima de operaciones de la AFI durante la gestión de Macri. En 2018 una empleada del Congreso lo acusó por abuso sexual. Marino fue luego sobreseído. Pero luego se conoció el audio de un agente de la AFI macrista que decía que toda la operación se había armado para impedir que Marino fuera el candidato a gobernador por Cambiemos en La Pampa.
Para nosotros, los ciudadanos, estas tramas son de una oscuridad indiscernible. Es difícil separar la paja del trigo. Se mezclan denuncias muy serias con acusaciones de espionaje porque apareció un listado con datos sobre corresponsales chinos, alemanes y de otros países que vinieron a cubrir la cumbre del G20. Una simple cuestión de seguridad. Algo absurdo.
En otro país podríamos apelar a la Justicia. Confiar en jueces capaces y honestos pisen la pelota y aclaren los tantos. Pero eso es también un bien escaso. Cómo confiar en jueces que aceleran operativos espectaculares para llegar a Macri como orquestador de una vasta red de inteligencia ilegal mientras en otro tribunal sigue durmiendo una causa iniciada hace casi dos años luego de que en el domicilio privado de Cristina Fernández se encontraran transcripciones de escuchas telefónicas y carpetas con información financiera de empresarios, abogados y políticos.
Hundidos hasta las orejas en esta sociedad de la sospecha total, los ciudadanos sólo tenemos permitida una certeza, que encima opera descarte y no es una afirmación sino una negación. Esa certeza es que no podemos confiar en los servicios de inteligencia, ni en los gobiernos que los manejan ni en los jueces que revisan el accionar de los gobiernos.
