Es notorio cómo ha mejorado la situación de los perseguidos políticos en la Argentina.
Hace 40 años, los perseguidos políticos sucumbían torturados, encapuchados, en las catacumbas de la Esma o de La Perla. Y sus familiares ni siquiera podían tener certeza sobre sus muertes.
Hoy, en cambio, si uno escucha a Cristina Fernández, ve que la situación ha mejorado. La vicepresidenta, una vez más, acaba de considerarse a sí misma una perseguida política a través de Twitter. En todo su discurso busca, como siempre, identificar su situación a la de los desaparecidos de los 70. Por eso usa cuidadosamente los mismos términos. Dice que el gobierno de Macri armó “grupos de tareas” para “articular”, en “la clandestinidad” una “feroz persecución” en su contra, en coordinación con el poder judicial y los medios hegemónicos.
Uno la lee y parece que el Comando Libertadores de América de Luciano Menéndez hubiera salido a cazarla. Pero no. Ahora el terrorismo de Estado es mucho menos cruento, según Cristina Fernández, ya que para perseguirla clandestinamente, el gobierno, los medios y la Justicia han usado la Afip, cuya técnica de tortura ha sido, aparentemente, determinarle una deuda de oficio.
No sólo son menos cruentos los métodos. Los perseguidos políticos en esta nueva Argentina no terminan arrojados al mar en un vuelo de la muerte sino, increíblemente, terminan poniendo al presidente y siendo elegidos ellos mismos vicepresidentes, incluso si hay en su contra media docena de causas judiciales por corrupción en las que empresarios y exfuncionarios confiesan haber comprado y pagado coimas. Efectivamente, es lo que le ha pasado a la “perseguida” Cristina Fernández, hoy vicepresidenta.
Cristina sabe muy bien de qué habla cuando asimila la Afip a la Esma. Porque ella usaba abiertamente la información confidencial de la Afip para escarmentar, incluso, a ciudadanos comunes.
Todos recordamos cuando, en 2012, un comando de la Afip copó, en un operativo nocturno, el domicilio del empresario cordobés Ercole Felippa, que horas antes en un evento de la UIA había tenido el tupé de cuestionar la inflación. Guillermo Moreno admitió luego con total impunidad, a lo Suárez Mason, que le había mandado la Afip, escuchá, “para que no hable pavadas y para que todos aprendan”.
O recordamos cuando, a través del atril, por cadena nacional, ella misma escarmentó a un comisionista inmobiliario que había osado opinar en Clarín que el mercado de la vivienda estaba flojo. La propia Cristina dijo entonces que había mandado averiguar en la Afip la situación de ese contribuyente y había encontrado que no había presentado su declaración jurada de ganancias. Cosa que le recriminó en público para que ni a él ni a nadie más se le ocurriera jamás volver a criticarla. Para que todos tuviéramos en claro lo que ella era capaz de hacer.
