A cuatro semanas de un cambio de gobierno, con un default de hecho que amenaza ampliarse, con cepo y un proceso de estancamiento e inflación que se lleva puestos empresas y salarios, la Argentina se da el lujo de no hablar sobre lo qué piensa hacer.
El silencio ensordece.
El mayor silencio es sobre el sistema previsional. Todos saben que allí está la mayor parte del problema fiscal. El gasto previsional se lleva el 58 de todos los ingresos corrientes de la Nación. De cada 100 pesos que gasta la Anses (sólo en jubilaciones y pensiones, sin contar las AUH y todo lo demás) 25 pesos tienen que salir de impuestos generales. Porque los aportes laborales no alcanzan. Hay menos de un trabajador privado en blanco por cada jubilado o pensionado. En las economías normales, cuando funcionan mal, la inflación es la que automáticamente reduce estos gastos.
Pero la Argentina no tiene una economía normal, ni siquiera para funcionar mal. Acá el gasto previsional está indexado, está atado a la inflación por ley, aunque con seis meses de atraso. Cuando la inflación se dispara, las jubilaciones van bajando un poco por seis meses. Pero cuando la inflación frena, las jubilaciones vuelven a subir en el semestre siguiente. Y a los seis meses la cuestión está igual o peor que el año anterior.
Todos saben que el Congreso va a tener que eliminar por ley esa indexación. O bien que el Poder Ejecutivo va a tener que violar de algún modo la ley que indexa las jubilaciones y acumular otra vez cientos de miles de juicios multimillonarios que volverán a quebrar el sistema cuando la Justicia ordene pagarlos. Ya pasó tantas veces que aburre contarlo.
Todos saben que es así. Pero ese tema es imposible de plantear políticamente. Así que acá estamos todos, haciéndonos los distraídos, simulando que una economía en negro, improductiva, sin inversión ni crédito puede mantener sin cambios un sistema de seguridad social fuera de cauce. No lo podemos mantener, pero nadie lo puede decir.
