¿Tenemos que prepararnos para una crisis de inseguridad? Muchos expertos dicen que sí. Que la hecatombe económica argentina, que obedece a su propia crisis, a la que se suma la pandemia, va a traer más delitos.
Marcelo Bergman, experto en seguridad de la Universidad Tres de Febrero, da el ejemplo del 2001. La tasa de delitos creció en 49%. Incluso aparecieron delitos nuevos: el secuestro expres. Entre 2002 y 2003 llegó a producirse un secuestro cada 36 horas.
Hasta ahora no se llegó a esos niveles. Puede ser porque, tras el estallido de la convertibilidad, el gobierno de Eduardo Duhalde fue muy duro en frenar la emisión de pesos. El dólar pasó de 1 a 4, pero la expansión monetaria fue menor. No había pesos en la calle. Por eso en 2003 ya no había inflación. Pero entonces los secuestros exprés eran la forma de conseguir pesos, por ejemplo.
Hoy hay alrededor de 18 millones de personas subsidiadas que en 2001 no estaban, entre jubilados, IFE, AUH y asalariados con ATP. Por eso, en parte, los delitos contra la propiedad no llegan al nivel de 2002. El problema es que el Gobierno no va a poder seguir emitiendo así, si no quiere recalentar la inflación. Va tener que ser muy hábil en ir retirando esas ayudas mientras la economía se va recuperando.
Pero en esa transición es casi inevitable que se produzca un pico de delitos. Y deberíamos estar preparados para eso. Con fuerzas de seguridad democráticas y rigurosas, con un Estado que sea capaz de no desperdicial focalizar mejor la ayuda y, sobre todo, con un plan y criterios coherentes. Lo que estamos viendo, por ejemplo, con el gobierno nacional incapaz de actuar ante los delitos contra la propiedad en Río Negro o con las diferencias entre el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, y la ministra nacional, Sabrina Frederic, parece una irresponsabilidad política. Están jugando con fuego, cuando lo peor aún no llegó.
