El recorte laboral que impulsa el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, tiene amplia justificación económica. Y mucho más allá de la pandemia. Los empleados de la Municipalidad de Córdoba cobran en promedio más del doble que los asalariados en blanco que viven y son, teóricamente, los dueños de la ciudad. Es ridículo que ganen menos que sus empleados, a los que deben sostener con una multitud de impuestos injustificados y altísimos.
La injusticia es doble. Porque, como todo se gasta en sueldos, la ciudad viene en una larga decadencia. Las viviendas de los cordobeses valen menos en una ciudad sucia, despintada, sin cloacas, sin asfalto, sin parques cuidados, llena de baches, que se pauperiza al ritmo de la desidia sistemática del municipio.
Hay excepciones y seguro muchos municipales tienen vocación y compromiso. Pero estamos hablando del conjunto. Y el conjunto es un desastre. Nunca nadie, de adentro, levantó la voz contra la irracionalidad sindical del Suoem, que nos terminó pareciendo normal.
Esta injusticia es así desde décadas. Se consiguió y se sostuvo a través de eso que el corporativismo sindical argentino llama “lucha” y que consiste en abusar de los ciudadanos con servicios caros y malos, que encima se dejan de prestar, sin aviso y por cualquier nimiedad, con protestas y huelgas largas, imprevisibles e insólitas.
Aún así, lo que está en discusión no es una rebaja salarial, por más de que el municipio vaya ahorrar 10% en sueldos. Lo que hay es una reducción de la jornada laboral de 7 horas a seis horas. Eso demuestra un privilegio más (¿por qué trabajan 7 horas y no 8?) Y que la Muni viene pagando más trabajo asalariado del que en verdad necesita.
Por hora, los municipales van a seguir cobrando más que sus patrones. Es más: a menos que el ahorro sea del 14,3%, van a ganar, por hora, más que antes.
Los opositores, que cuando han gobernado el municipio, sufrieron en carne propia este manicomio administrativo, ahora le están retaceando el apoyo al peronismo para hacer este ajuste. Que es lo mismo que hicieron los peronistas cuando fueron opositores. Alguien tiene que cambiar esa lógica perversa. Háganlo ahora.
Es más, es una gran oportunidad para exigirle más a Llaryora. Para reclamarle una racionalidad administrativa de largo plazo. No un mero recorte circunstancial.
Por ejemplo, ordenanzas que obliguen al intendente, a Llaryora y a los que vengan, a que a largo plazo el salario promedio por hora de los municipales converja con el de los cordobeses. Otros ejemplos: que se prohíba por ordenanza ampliar la planta municipal con cualquier tipo de contrato y que se prohíba reemplazar las jubilaciones anticipadas que dio Llaryora. Otra: que cada repartición tenga metas a cumplir y que esas metas sean exigibles. Si les preguntan a exintendentes van a encontrar muchas más ideas.
Es una gran chance para que los cordobeses empiecen a retomar el control político del municipio. Que hace décadas está bajo el mando de las corporaciones que viven de él y no de las autoridades que nosotros elegimos.
