En un par de horas comenzará a definirse en Buenos Aires si las clases van a comenzar o no en todo el país en marzo. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, se va a reunir con todos los gremios docentes para empezar a definir el incentivo docente y un salario mínimo para los maestros de todo el país.
El macrismo había logrado desarmar esta paritaria nacional que tiene tres grandes problemas. Uno, es darle un enorme poder de negociación a los sindicatos docentes, que transforman así la enseñanza en un monopolio del que se apropian. Otro, es que allí la Nación define un salario mínimo pero que luego ella no tiene que pagar: lo tiene que pagar cada provincia y no todas tienen la misma situación fiscal. Y ahí viene el tercer problema: la Nación tiene que terminar poniendo dinero en forma arbitraria para suplementar los salarios docentes de las provincias que no pueden pagarlo. Así, se premia a las provincias mal administradas, que queman sus presupuestos en otras cosas inútiles o que tienen muchos más docentes que los necesarios, mientras se castiga a las provincias que hacen mejor las cosas con su propia plata y, por ende, no reciben nada.
Desde este punto de vista, los sindicatos liderados por el bonaerense Roberto Baradel ya ganaron. Y los gobernadores mejor administrados ya perdieron. Volver a una paritaria centralizada fue una promesa de campaña de Fernández a los sindicatos, que son abrumadoramente kirchneristas.
De todos modos, no está todo dicho. Este sistema de paritarias nacionales fue inventado por el kirchnerismo cuando le sobraba la plata. Y no es lo mismo hacer populismo sin plata.
De hecho, se dice que la Nación le va a proponer a Baradel una suma fija, que incluso podría ser menor a la que se decretó para los empleados privados. Y que Fernández y los gobernadores no quieren por nada del mundo establecer una cláusula gatillo.
Serían condiciones muy difíciles de aceptar por parte de los gremios, por más kirchnerismo en sangre que tengan los sindicalistas de la docencia.
