Aunque no se ha reportado ningún caso de coronavirus en Córdoba, hay gente que parece estar en cuarentena. Es el caso del intendente de la ciudad, al que no se le ha escuchado la voz desde que asumió, hace casi tres meses. De ese silencio frondoso, que apenas rompen los funcionarios que entran y salen de los despachos donde Martín Llaryora cumple la receta del aislamiento, surgen versiones, rumores e informaciones extraoficiales.
Ahora, una versión dice que Llaryora apelaría a la segunda ola de pasividades anticipadas en casi 20 años para tratar de reducir el plantel de 11.400 empleados con sueldos altísimos que se comen el presupuesto municipal.
La versión tiene asidero porque, en diciembre, la Municipalidad adhirió a la misma ley provincial que en el pasado le permitió hacer lo mismo. Y ya en enero el sindicato Suoem planteaba su preocupación por los términos que tendría la pasividad.
Según publicó Hoy Día Córdoba, podrían acogerse los empleados a los que les falten 10 años o menos para jubilarse. Habría unos 1.500 en condiciones de hacerlo. Y cobrarían en el orden del 60% de sus sueldos a cambio de no tener que hacer más nada. El municipio seguiría pagando los aportes patronales y del empleado a la Caja de Jubilaciones hasta que llegue la hora de jubilarse.
¿Cuánto podría ahorrar el municipio? No mucho. Algunos expertos estiman, sobre la base de la muy imprecisa información que existe, que el ahorro podría llegar al 3% o 4% del gasto salarial total del municipio.
No parece mucho, pero como la Municipalidad se gasta más de 6 de cada 10 pesos en sueldos y de lo que queda gran parte se lo lleva el contrato de la basura, un ahorro de tres puntos en los sueldos podría significar un aumento del 20% en el resto del presupuesto, las escuálidas partidas de las que salen el asfalto para tapar baches o las lámparas para alumbrar las calles.
El pasado te condena
La jugada no es mala. Porque cualquier cosa que ayude a achicar el peso del empleo y el poder del Suoem en la Municipalidad de Córdoba es en principio buena.
Pero hay que hacer una advertencia. Hace 20 años, el entonces gobernador José Manuel de la Sota habilitó pasividades anticipadas en el estado provincial, las empresas provinciales y los municipios. La idea era la misma: ahorrar.
Casi 25 mil empleados se fueron en total. Sin embargo, eso no cambió las cosas. Ocho años después no sólo Provincia y municipios habían vuelto a cubrir esos puestos, sino 41 mil más. En total, había 66 mil aportantes más a la Caja que los que habían quedado apenas ocho años antes después del “ahorro”.
De hecho, la Municipalidad de Córdoba fue parte del proceso. Fue en la época de Luis Juez. Más de 4.500 municipales se acogieron a la pasividad. Sin embargo, así y todo, cuando Juez dejó el municipio había 2.100 empleados más que al comienzo de su intendencia.
Prohibido colocar a nadie más
O sea, pasivizar empleados para empezar de inmediato a colocar militantes es peor remedio que la enfermedad. Se puede terminar pagando la pasividad del empleado al que ya no se le paga el sueldo, pero agregando el sueldo nuevo del recomendado por un puntero.
Como ya nos hemos quemado con leche muchas veces, sería bueno que los vecinos y contribuyentes, presuntos patrones de la ciudad de Córdoba, le exigiéramos al Concejo Deliberante una ordenanza por la cual se prohibiera en forma terminante la contratación como pasante, monotributista, facturero, contratado, empleado a prueba o empleado de planta permanente de ni un solo municipal más.
