De lo que más habló en la campaña Alberto Fernández fue de poner en marcha un Consejo Económico y Social en el cual las corporaciones políticas, empresarias y sindicales pactaran un reparto del ajuste.
Pero al final eso nunca se concretó. Hubo un par de reuniones que sirvieron para las fotos.
Ahora aquellos ímpetus consensualistas de Presidente quedaron definitivamente atrás. Lejos de pactar nada con nadie, Fernández está imponiendo políticas a sectores a los que busca dividir.
Con la oposición acaba de volar los puentes. Se la pasó hablando de consensos pero apeló a un semidiputado como Daniel Scioli para imponer un recorte jubilatorio en la Justicia cuyo fin declarado es la equidad pero cuyo objetivo real es echar a los jueces y fiscales más viejos nombrados por desde Menem a Duhalde, acelerar el ascenso de los designados por el kirchnerismo y provocar cientos de vacantes que llenará Fernández. Todo eso para concentrar poder y asegurar la impunidad en las investigaciones por corrupción.
Envalentonado, además, se prepara a mandar una reforma judicial. Tiene el apoyo de Justicia Legítima. La generación de magistrados K, como el fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, apoya el recorte a las jubilaciones. Total ellos y decenas de miles empleados judiciales designados por el kirchnerismo antes de 2017 van a seguir sin pagar el Impuesto a las Ganancias, algo que tanto en dinero como en términos de equidad es mucho más grave que los privilegios jubilatorios.
Con el campo pasa igual. La acusación de Fernández a los autoconvocados de no ser productores sino militantes encubiertos de Cambiemos es ponerle una bomba al diálogo con un sector que sufre desde hace décadas la confiscación permanente y al que Fernández se prepara a imponerle el segundo aumento de impuestos en menos de tres meses.
La propuesta que diseña el gobierno busca dividir al campo. Puede por ejemplo destinar migajas de lo recaudado a que lo reparta alguna entidad colaboracionista. O prometer segmentaciones: o sea que la Afip reembolse parte de los impuestos a productores chicos o más alejados de los puertos. Ya lo hizo Kicillof en su momento y al poco tiempo las devoluciones de impuestos se frenaron. Con la inflación que hay, serán un pagadiós. El campo lo sabe, pero a algunos dirigentes esos caramelos les puede servir de excusa para romper el frente y al kirchnerismo para reeditar su relato de “oligarcas versus pueblo”.
El pacto social parece estar terminado. Fernández lo tiró por la borda. Como será que hasta Roberto Lavagna, a quien el presidente quería poner al frente del Consejo Económico y Social, lo dio por liquidado hace dos días. Contó que le dijo al Presidente: “No es momento, porque nadie quiere ceder nada”.
Se ve que Fernández lo escuchó atentamente.
