A poco de cumplir tres meses de gobierno, Alberto Fernández metió a la oposición en un serio dilema.
Es el proyecto oficial para reducir beneficios y privilegios de camaristas, jueces, fiscales, defensores oficiales y otros magistrados de la Justicia Federal.
Como se sabe, ya hay 18 jueces que renunciaron. Intentan jubilarse antes de que cambie la ley no perder esos beneficios y privilegios. Y las asociaciones de magistrados amenazan con que 300 más podrían renunciar si mañana sale un dictamen del Congreso que afecte sus intereses.
Los magistrados dicen que el proyecto afecta derechos adquiridos. Es posible. Pero hay cosas que no son derechos sino privilegios. Por ejemplo, el cálculo del 82% móvil de la jubilación sobre el sueldo bruto del activo y no sobre el neto, una trampita que lo transforma en 92%.
La cuestión es que muchas de las modificaciones que impulsa la Presidencia son equitativas y razonables.
El problema es que la reforma podría generar tantas renuncias y vacantes que Fernández se transformaría en el presidente que más magistrados designe en la historia.
Hasta ahora, Cristina Fernández tiene el récord, con 157 jueces. Menem designó 152; Kirchner, 60; Macri, 48; Alfonsín, 32; Duhalde, 24; y De la Rúa, 17. Alberto podría superar el podio de CFK en un solo mandato.
Y eso tendrá serias consecuencias. La purga actual afectará sobre todo a los magistrados designados por Menem y De la Rúa, los más antiguos y más cerca de jubilarse, mientras que las vacantes que ellos dejen implicarían ascender antes de lo esperado a la siguiente generación, en su enorme mayoría gente que ingresó a la Justicia durante los 12 largos años kirchneristas, muchos de ellos de Justicia Legítima. La purga implicará, si sucede, un brusco cambio de jueces y fiscales, afectando, incluso a tribunales que hoy manejan las decenas de causas por corrupción que investigan a la propia Cristina Fernández, sus familiares y exfuncionarios.
Mientras la oposición imaginaba juicios políticos, presiones y amenazas a los magistrados y hasta indultos para forzar la impunidad, Fernández la sorprendió: en lugar de presionar a jueces o fiscales específicos, está detonando a toda una generación. Y no con una bomba, sino anulando un régimen jubilatorio elitista, que a cualquier opositor le resulta imposible defender de cara a sus votantes.
