Un módico escándalo se generó ayer al conocerse que el ministro del Interior, el ultracristinista Wado de Pedro, nombró a Hernán Brienza —un periodista más cristinista que De Pedro que además escribió varios libros de historia revisio-peronista— al frente del Instituto Nacional de Capacitación Política (Incap).
El escándalo es porque Brienza se hizo famoso en 2016 por su particular justificación de la corrupción K. “La corrupción –aunque se crea lo contrario– democratiza de forma espeluznante a la política (…) Sin la corrupción, (sólo) pueden llegar a las funciones públicas aquellos que cuentan de antemano con recursos para hacer sus campañas políticas”, dijo Brienza.
Es la justificación plena del famoso “robo para la corona”, que financia tanto las campañas políticas, las extorsiones y las coimas con las que se construye el poder como los departamento de lujo, los bolsos de dólares y los autos de alta gama que van embolsando los operadores intermediarios que coloca el jefe.
Da un poquito de cosa que semejante filósofo comande una cosa que se llama Instituto Nacional de Capacitación Política.
¿Quién necesita un Incap?
Pero, como pasa casi siempre, el escándalo oculta el bosque. La verdadera pregunta que deberíamos hacernos, sobre todo en medio de este ajuste de impuestazos y recortes, es: ¿para qué pagamos los contribuyentes por esa dependencia?
El Incap depende del Ministerio del Interior. Su último ocupante fue el ex intendente de Córdoba Luis Juez, que terminó alojado allí con sus asesores de años luego de que Macri tuviera que sacarlo de la embajada en Ecuador.
¿Qué hace el Incap? En el presupuesto 2019 decía que iba a “capacitar” a 19.000 “dirigentes” políticos y sociales. En su sitio de Internet también se ve que edita una revista virtual llamada “Isegoría”. No hay mucho más.
Su autodescripción en la web está plagada de la típica sarasa abstracta de las oficinas estatales cuyo fin primordial es pasar inadvertida por una razón a esta altura obvia: sus fines declarados (“capacitar dirigentes”) no tienen nada que ver con sus fines verdaderos (alojar y alimentar a la casta interminable de políticos profesionales, operadores, militantes, asesores y conchabados).
Viveros para la casta
Suponiendo que fuera cierto que cada año el Incap capacitara como “dirigente” al equivalente a la población total de Cosquín o al 20% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, surge otra pregunta: ¿qué tiene que hacer el Estado “capacitando dirigentes políticos”?
Se supone que la política es un campo de conflictos y consensos posibles en los que discute la sociedad. Los políticos que luego elige esa sociedad no tienen por qué ser “capacitados” en estas fábricas de castas. Sólo necesitan poder encontrarse, cuando llegan al poder, con burócratas honestos y capaces que se pongan al servicio del poder político que la sociedad va eligiendo.
Muchos e invisibles
El Incap largó el año que termina con un presupuesto de 45 millones que debe haber tenido varias actualizaciones. No es gran cosa. Pero cualquier cosa es un exceso si se considera:
1- Que el retorno de esa “inversión”, que se repite desde hace décadas porque sí es posiblemente nulo.
2- Que entes como el Incap no son hechos aislados. Los intersticios del Estado están plagados de estos entes.
3- Que el fin no declarado y real de oficinas como estas es mantener bajo sueldo a políticos profesionalizados de categoría diversa, integrantes de una nomenklatura que termina apropiándose de una estructura estatal parasitada.
La verdad: que el titular del Incap sea Brienza o cualquier otro no tiene la menor importancia. Lo importante sería que, de una buena vez, dejáramos de gastar dinero que no tenemos en semejante artilugio. Claro: para eso tendríamos que tener políticos que no que hayan pasado más de la mitad de sus vidas hibernando en oficinas como esas.
