No pasa día en que no se produzcan hechos que apuntan todos al mismo lado: el gobierno y el kirchnerismo van preparando el terreno para que se caigan, se diluyan o se reviertan las actuaciones judiciales por sospechas de corrupción que involucran a exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas.
Como parte de ese proceso, Alberto Fernández va adoptando progresivamente el discurso K para referirse al tema. Ahora, por ejemplo, Fernández también empezó a hablar de lawfare, como venía haciendo Cristina Fernández. El término, que se traduce como “guerra jurídica”, fue utilizado por primera vez por militares estadounidenses para referirse a que muchas veces los enemigos derrotados en el plano militar continúan la guerra en el plano jurídico de los organismos internacionales. Con ese fundamento, por ejemplo, Estados Unidos desconoció la autoridad de la Corte Penal Internacional.
El kirchnerismo lo usa para decir que en Argentina hubo una conspiración entre el Poder Judicial, medios de comunicación y otros sectores para perseguir y destruir al kirchnerismo como oposición política. Si se impone esa idea, entonces todo lo actuado judicialmente debería caerse.
Cristina, perseguida por sí misma
Ahora Fernández no sólo adopta el término lawfare. Porque además dijo que “entre 2015-2019 Argentina sufrió graves violaciones a los derechos humanos y el estado de derecho fue vulnerado sistemáticamente mediante la aplicación regional de las tácticas de persecución del lawfare”.
Es el libreto K completo, que contiene palabras clave: derechos humanos, plan sistemático, persecusión. Todo apunta al sueño húmedo del kirchnerismo más radicalizado que igualó a Macri a la dictadura incluso desde antes de que Macri asumiera la presidencia. Nada le gustaría más a Cristina Fernández que ser igualada a las víctimas de la Esma, tal vez por lavar las culpas de no haberse ocupado nunca del tema hasta que los K llegaron al gobierno.
Lo de Alberto Fernández, que parece cada vez más un presidente atrapado en el cuerpo de Cristina, es sorprendente. Porque él mismo dejó por escrito que algunas acusaciones centrales contra Cristina Fernández estaban muy fundadas, como su intento de encubrir a los criminales que volaron la Amia firmando el pacto con Irán. “No hay nada que probar”, escribió el profesor de derecho penal al dar por hecho la culpabilidad de su hoy vicepresidenta, a la que ahora está ayudando a disfrazar de víctima de violaciones de derechos humanos.
Si fuera así, Cristina sería la más curiosa víctima de los derechos humanos. Como se sabe, el único que puede violar derechos humanos, por definición, es el Estado. Y resulta que casi todas las investigaciones contra Cristina Fernández no se iniciaron después de 2015. Se iniciaron antes. Cuando ella era nada menos que cabeza del mismísimo Estado que, ahora dicen, la perseguía. O sea que Cristina se perseguía a sí misma. Un absurdo total.
