El presidente Alberto Fernández arregló antes con Cristina Kirchner que con los fondos buitres. Las negociaciones fueron menos públicas que con los bonistas, pero no menos evidentes. Y concluyeron ayer, mientras que los acreedores todavía están bailando el minué con Martín Guzmán. Es que hay urgencias más urgentes que otras.
La vicepresidenta exigía, originalmente, que directamente Alberto F. aumentara el número de miembros de la Corte, llenándola de kirchneristas, como garantía última para ella y para quienes la Justicia sospecha que han sido sus cómplices. Ya tenía todo listo: incluso el senador Adolfo Rodríguez Saá ya impulsaba un proyecto para llevar los 5 miembros actuales a 9.
Pero una medida semejante parecía un poco grotesca; un verdadero golpe al Poder Judicial, ni siquiera comparable al del menemismo (Menem copó la Corte cuando todavía no tenía causas por corrupción, porque su propósito inicial era el aval judicial a las reformas económicas).
Tal vez por eso, el Presidente intentó jugarla de jurista y enviar al Congreso su propia reforma judicial, sin impulsar al mismo tiempo la ampliación de la Corte. La idea parecía ser dejar esto para más adelante.
Levantá los pagaré, Alberto
Tal vez fue en alguno de los encuentros en los que se supone que comparten un mate cocido que la vicepresidenta lo tomó de las pestañas a Alberto y le recordó el pacto fáustico que había firmado con el diablo (es decir con ella) en mayo del año pasado para cumplir el sueño del pibe: ser elegido presidente por sorpresa, sin ser un líder y sin contar con votos, ni aparato, ni avales.
El asedio pudo verse en todos los frentes. De pronto, Alberto no hacía nada bien: no estatizaba de prepo, no avalaba con suficiente ahínco el autoritarismo venezolano y osaba invitar al G6 al acto del 9 de Julio en lugar de a Hugo Yasky y sus similares.
Salieron en fila a pegarle Hebe de Bonafini, Alicia Castro, Víctor Hugo Morales y muchos más, como si fueran los pesados esos que mandan los acreedores cuando el deudor deja de contestar el teléfono.
Asaltar la Corte, inevitable
El kircherismo con expedientes judiciales en el placar terminó de perder la paciencia con Alberto la semana pasada, cuando se retomó la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez. Hasta la Oficina Anticorrupción -a cargo del hiper K Félix Crous- tuvo que pedir ocho años y medio de prisión para Báez, por la contundencia de 4 años de instrucción judicial previa.
Es casi imposible que no se establezca ahí judicialmente que Báez efectivamente lavó millones de dólares. ¿Y de dónde obtuvo los dólares que, por ser malhabidos, debía lavar? Aparecen entonces las causas judiciales de la obra pública y la de los cuadernos, como la explicación más lógica acerca de cómo Báez consiguió el dinero que debía blanquear. Y esas causas involucran directamente al gobierno y a los funcionarios de Cristina Fernández.
Es casi imposible que ese paquete no llegue a la Corte. Por lo tanto, era inevitable, tarde o temprano, tomar el máximo tribunal por asalto. No iban a alcanzar la jubilación masiva de magistrados lograda con la amenaza de pérdida de privilegios, ni el reemplazo generacional de todas esas vacantes con los fiscales y jueces designados en los 12 años K, ni la recolocación de magistrados que el macrismo había ubicado en determinados lugares.
Disimulemos un poco, Cristina
Como si fuera Guzmán negociando con Larry Fink (el CEO del fondo Blackrock), Fernández hizo un último intento. Propuso crear una comisión de notables que sugiriera reformas al sistema judicial, para contrabandear por esa vía el copamiento de la Corte. Y, para que no se notara tanto, sugirió enviar primero su proyecto para multiplicar por tres o por cuatro los juzgados federales y recién después, más adelante, el proyecto de la comisión de copamiento de la Corte.
El cristinismo se negó de plano
Y el Presidente no tuvo otra que aceptar. Nadie tiene pruebas, pero tampoco tiene dudas. Esa es la impresión indeleble que queda.
Un equilibro de 3 contra 9
Al final, salió con fritas la famosa comisión. De 11 miembros, apenas 3 puede decirse que no sean peronistas, kirchneristas o tributarios de algún gobernador peronista. Los demás son abogados que defienden a Cristina Fernández en las mismísimas causas por corrupción, abogados de otros kirchneristas enjuiciados por la misma razón, socios o derivados intelectuales de cristinistas acérrimos como Raúl Zaffaroni, magistrados provinciales ligados a gobernadores peronistas o militantes peronistas.
Una vez constituida, la comisión sugerirá reformas que deberían corresponder al Congreso, que para eso delegará sus funciones. La comisión nos va a entretener con firuletes relativos al Consejo de la Magistratura y otras rosas rococó rosadas. Pero lo importante -cómo cambiar la Corte para garantizar que no haya condenas- ya está escrito en algún lado, aunque nosotros no lo podamos leer todavía.
Es la primera cuota que Alberto Fernández le paga a quien le consiguió la Presidencia. Ya venía pagando los intereses incluso desde antes de asumir, pero esta es la primera amortización de capital, el primer pago grueso, de contado, que debe hacer el único argentino que, desde 1983, asumió el Poder Ejecutivo de la Nación sin haber sido antes un jefe político.
