Tanto en los campos europeos como en el campo europeo hay un creciente clima de protesta. En ambos casos, la razón es económica, y los reclamos beligerantes apuntan a los gobiernos. Pero ahí se acaban las diferencias.
En las últimas semanas, los productores agropecuarios europeos manifiestan por los subsidios que les quieren quitar y sin los cuales no pueden sobrevivir. En las últimas semanas recrudecieron los tractorazos en países como España, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda.
Los productores argentinos, en cambio, protestan no por lo que van a dejar de regalarles sino porque el gobierno podría quitarles aún más de lo que ya les confisca para subsidiar a otros. La amenaza es que Alberto Fernández suba otros tres puntos las retenciones agropecuarias, algo que podría anunciar el domingo y que llevaría las retenciones casi a su máximo histórico sólo que, encima, ahora los precios internacionales están lejos de sus récords, el resto de la presión impositiva aumentó y el dólar que recibe el agro por sus exportaciones debe aceptarlo a un precio ficticio de 59 pesos.
Lo curioso en esta especie de paralelismo invertido es que los montos que los gobiernos les regalan a los productores europeos, son muy parecidos a los montos que el Estado argentino les expropia a sus productores.
Miren el caso de Francia. Según la Organización Mundial de Comercio (OMC) este año cada agricultor francés va a recibir subsidios por el equivalente a 1,5 millón de pesos argentinos. Prácticamente el precio de lista de una camioneta.
En Argentina, a la inversa, se calcula que el año pasado el Estado se quedó con 6.700 millones de dólares en retenciones. Si el agro hubiera podido quedarse con ese impuesto que nadie en el mundo cobra, entonces cada uno de los 251 mil establecimientos del país relevados por el censo 2019 le hubieran quedado 1,57 millones de pesos extra. También, más o menos, una camioneta. Sólo que en estos casos al argentino no se la regalan. Se la quitan.
La irracionalidad inversa no termina allí. Los europeos también protestan porque algunos de los países de la Unión quieren libre comercio con el Mercosur y ellos saben que no podrían competir con los productores del Cono Sur. En cambio, el gobierno argentino rechaza ese acuerdo que beneficiaría a la agroindustria para seguir eludiendo la reconversión de industrias ineficientes, obsoletas e incapaces de venderle nada a nadie, cuyos sobrecostos se cargan, entre otros, al mismo campo.
