No sin perversidad, como quien disfruta la amenaza, distintos personajes del kirchnerismo fueron respaldando la idea de la diputada ultra K Fernanda Vallejos de que el Estado se quede con porciones de las empresas a cambio de los fondos que la Anses pone para subsidiar parte de los sueldos de esas empresas. Uno de ellos, por ejemplo, fue nada menos que un ministro, el de Educación, Nicolás Trotta.
El Poder Ejecutivo ha tratado de despegarse de la idea, pero ni el presidente ni sus ministros han salido a descartarla con nombre y apellido. Porque no pueden contradecir a los K.
Como parte del goce en esta campaña destinada a meter miedo en los empresarios, Vallejos buscó equiparar esta idea a la que aplicó Estados Unidos en la crisis financiera de 2008, cuando auxiliaba a empresas como las automotrices a cambio de sus acciones.
La verdad es que la comparación es absurda por donde se la mire. Primero, Estados Unidos auxilió en 2008 a empresas que quebraron por una crisis financiera y no por órdenes del propio gobierno. Acá el Estado ayuda a pagar sueldos a empresas a las cuales les prohibió trabajar y despedir empleados.
Estados Unidos ayudó a muy pocas y grandes empresas. Acá la Anses auxilió a 247 mil empresas. ¿Piensan qudarse sólo con algunas elegidas a dedo o piensan estatizar zapaterías, inmobiliarias y panaderías también?
En Estados Unidos las empresas auxiliadas cotizaban en bolsa y eso permitía tener un valor de mercado (y saber que luego el Estado podría reprivatizar vendiendo de a poco las acciones). Acá, apenas 104 empresas cotizan en bolsa. ¿Quién va a decir cuánto valen las 246.896 empresas restantes? ¿O vamos a dejar que Kicillof vuelva a hacer negociones a ojo, como hizo con YPF, por la que le pagó a Repsol más del doble de lo que terminó valiendo YPF antes de la pandemia?
En Estados Unidos el auxilio a las empresas quebradas fue para que hicieran un ajuste y sobrevivieran, no para prohibirles despidos. El caso más famoso fue General Motors. Vendió cuatro de sus ocho marcas. Cerró 20 plantas. Redujo casi 50 mil empleos. ¿Está dispuesto a hacer eso el Estado argentino para que las empresas se acomoden o, en caso de ser propietario parcial bancaría pérdidas eternas, como hace con el fracaso perpetuo de Aerolíneas Argentinas? ¿Alcanzará para las 247 mil empresas?
Las diferencias son tantas que no alcanza este espacio. Pero hay además una consecuencia clave: los gobiernos tienen que estar dispuestos a perder muchísimo dinero en estos casos. Cuando en 2013, finalizada la crisis, el gobierno de Estados Unidos vendió las últimas acciones que le quedaban de General Motors para que la automotriz volviera a ser plenamente privada, el Centro de Investigaciones del Automóvil calculó que el Estado había perdido 11.800 millones de dólares sólo con esa empresa. ¿Estamos seguros de que queremos meter en esto al Estado?
Para hacer chavismo trasnochado y quebrar empresas hace falta plata. Si no, los revolucionarios de café que jamás manejaron un kiosco sólo sirven para espantar, aún más, a quienes todavía se atreven a poner un peso en un país de confiscadores vocacionales. Alberto Fernández haría bien en poner un poco de orden. En la medida de sus posibilidades.
