El ajuste que necesita el gobierno es una moneda de dos caras.
Una de esas caras, es la fiscal. El Estado manejado por Alberto Fernández necesita que le ingrese más dinero que el que gasta. Eso es lo que intentó con la ley de emergencia. Subió impuestos y redujo gastos. El mayor peso de los impuestos es para el agro. Y el mayor peso de los recortes es para los jubilados que cobran más que la mínima.
Con eso Fernández quiere asegurarse que en algún punto no va a tener que seguir emitiendo tantos pesos (que causan inflación) y que le van a sobrar algunos pesos para comprar dólares, con los cuales pagar la deuda pública.
Como los dólares que hay son tan pocos, llevaron al extremo el cepo: una parte de los dólares baratos (al precio oficial) van a ser para importaciones indispensables. Y los otros van a ser para el Gobierno, para pagar sus deudas.
Pero hay otra cara del ajuste. Que es estrictamente económica. Los costos de las empresas tienen que dejar de subir. Sólo así podrán dejar de remarcar en el mercado interno y ayudar a bajar la inflación y ser capaces de exportar algo que no sea soja para conseguir los dólares que el propio Gobierno necesita.
Esa es la mitad del ajuste que está menos clara. La reunión de ayer entre el Gobierno y los gremios no definió nada. Sí se confirmó la extravagante medida por la cual el gobierno decretará un aumento de sueldos que tendrán que pagar otros. Será una suma fija que, como los bonos a jubilados, achatará los salarios.
Pero eso no es lo importante: la clave es si los sindicalistas van a aceptar aumentos salariales menores a la inflación. Es lo mismo que sancionó el kirchnerismo en el Congreso para los jubilados. Fernández necesita que lo hagan los sindicatos con los asalariados privados. Y todavía no está claro si lo logrará o no.
