YPF puso en marcha un plan de retiros voluntarios para reducir 4.000 empleos, la quinta parte de su plantel.
Todo esto mientras rige la prohibición de despedir y la doble indemnización. A las dos cosas las impuso por decreto Alberto Fernández después de que consideró “miserable” a Paolo Rocca, el presidente de Techint, por discontinuar los contratos de 1450 obreros de la construcción con el tradicional sistema de fondo de desempleo de la Uocra. No eran despidos.
Es una de las pequeñas delicias de ser una empresa estatal. Si el que corta una relación laboral es un privado, es miserable y lo aprietan en público. Si es estatal, todo se hace silbando bajito. Que no se note.
Ojalá fuera el único privilegio.
La gestión de YPF fue un desastre desde que se estatizó. Vale la quinta parte de lo que valía. Su actual presidente dijo que desde que se estatizó la llenaron de empleados. Vaca Muerta, la excusa de la estatización, no se desarrolló. YPF está sobreendeudada. Y el año pasado perdió 30 mil millones de pesos.
Y ahora está muy bien que YPF encare un ajuste. Ojalá Aerolíneas Argentinas, Aysa o los trenes de pasajeros del Gran Buenos Aires hicieran lo mismo.
Pero, eso sí, lo va a hacer a un costo altísimo, que ningún privado podría costear. Para que los 4.000 empleados agarren el retiro ofrecerá una fortuna. No sólo doble indemnización. Se usará como base de cálculo un salario más alto, entre otros beneficios. Hasta el gremio dice que la oferta es muy tentadora.
O sea: YPF tuvo coronita en el desbarajuste (cuando toma empleados a rolete) y la tiene ahora en el ajuste. Total, en ambos casos, todos esos costos y pérdidas gigantes se van a pagar con aportes mayoritarios del principal dueño: el Estado. Que pondrá impuestos o emitirá pesos pesos truchos para integrar capital en la porción que le toque o verá cómo el valor de su empresa sigue degradándose.
Mientras tanto, a decenas de miles de empresas privadas que también necesitan ajustarse para no desaparecer, y que no pueden cubrir sus pérdidas con la maquinita de imprimir, se les prohíbe despedir y se les exige doble indemnización. Y, si aún así redujeran personal, siempre se les puede colgar en público el sambenito de “miserables”.
