Las seis entidades empresarias más importantes de Córdoba, que nuclean a más del 80% del sector empresario, acaban de plantearles a la Nación, a la Provincia y a la Municipalidad de la capital cordobesa que están hartas de los impuestazos, que la corten, que están ahogados, que no dan más. Que no se puede seguir metiéndole impuestos a todo bicho que camina para financiar el asadito eterno del Estado y las corporaciones que viven de él.
Por suerte, el Grupo de los Seis no se quedó en esa queja y, a diferencia de todos los demás que patalean por los impuestos pero arrugan para señalar los problemas de fondo, pusieron el dedo en la llaga: el gasto público desmesurado, incontenible e improductivo.
“Necesitamos que los distintos niveles del Estado hagan esfuerzos genuinos y sostenidos para la reducción del tamaño del Estado y de todo gasto público innecesario”, indicaron.
Bien por los empresarios.
Eso sí. El planteo empresario tiene que ser mucho más punzante y preciso. Su acción política debe ser más contundente. Son los únicos que pueden liderar a la sociedad civil para poner en caja al Estado, para que los ciudadanos volvamos a ser dueños del Estado.
Acá van algunas ideas
Por ejemplo, en la Municipalidad de Córdoba podrían exigir que el Concejo Deliberante legisle que, a mediano plazo, el salario bruto de un municipal, que llegó a un promedio de 133 mil pesos en diciembre, converja con el salario privado en blanco promedio de la Argentina, que en noviembre llegó a 52 mil pesos.
No hay ninguna razón para que los municipales cobren más del doble que quienes les pagan el sueldo a ellos. ¿Es imposible bajar salarios? Bueno, entonces hay que dejar que la inflación haga su trabajo, que para eso existe. Al fin y al cabo es lo que ya está haciendo Alberto Fernández con las jubilaciones nacionales mayores a la mínima. Y es lo que vienen soportando todos los agentes del mercado privado estos años en que los municipales tuvieron cláusulas gatillo.
Para la Provincia también hay
A los legisladores provinciales les podríamos exigir una nueva ley que limite el gasto de la Caja de Jubilaciones a lo que recibe ese organismo por aportes de los empleados públicos activos y por los fondos que envía la Nación.
Y que, si incluso todo eso no le alcanza a la Caja, que se terminen los aportes extra que hacemos los contribuyentes. Es insólito que un sector privado cuyos jubilados cobran haberes que no llegan a la mitad de las provinciales se desangre financiando los haberes de exempleados públicos de la Provincia, de sus empresas estatales y de los municipios cordobeses.
Paren con los conchavos
Al Congreso nacional le podría exigir una ley que elimine de verdad el conchabo permanente de ñoquis, empezando por los del propio Congreso. Si no, les vamos a tener que pagar asesorías hasta a los que pidieron por favor irse, como Hernán "Me quiero ir" Lorenzino, aquel famoso exministro de Economía de CFK, ¿se acuerdan?, que soportaba la vergüenza de no poder mencionar la palabra "inflación" hasta que no pudo más ante una periodista griega. Lorenzino acaba de ser contratado ¡de nuevo! por Alberto Fernández. País generoso.
No sólo hay que agarrárselas con los empleados. El Estado, en todos sus niveles, tiene que dejar de mantener piqueteros, corporaciones empresarias subsidiadas, contratos ridículos, pseudoprogramas sociales y servicios públicos casi gratis en el Gran Buenos Aires, mientras fracasa en llevar agua a los chiquitos del monte salteño, que se mueren parasitados, bebiendo del mismo charco del que toman los chanchos.
