El viernes sucedió algo lamentable en el Concejo Deliberante de Córdoba. Los opositores tuvieron la oportunidad de ponerse del lado de los vecinos y se pusieron del lado de la corporación del Suoem.
Todas las bancadas opositoras de Córdoba se escudaron en formalidades jurídicas para no expresar un respaldo pol´tiic la decisión del intendente de Córdoba, Martín Llaryora, de echar al empleado municipal que hace unas semanas, en una protesta del sindicato Suoem, usó un mortero como arma contra la policía.
La verdad, es lamentable. En la Municipalidad de Córdoba, como en buena parte del sector público, jamás se echa a nadie, no importa lo que haga. Imaginate lo que pasaría en el sector privado si las empresas no pudieran despedir a empleados indolentes, incapaces, deshonestos o violentos. Las empresas serían un desastre. Perderían clientes. Finalmente quebrarían.
No quiero decir que todos los empleados públicos sean indolentes, incapaces, deshonestos o violentos, pero algunos debe haber.
Y la Municipalidad no los despide. Los puede mantener porque la municipalidad no quiebra. Total nos sube impuestos, se endeuda, entra en default como ahora y llegado el caso directamente deja de gastar en servicios para seguir quemando su presupuesto en una planta de personal cara, enorme, que nadie se anima a reestructurar.
Los opositores pusieron distintas excusas para no respaldar la exoneración del empleado municipal. La más absurda de todas es que la Justicia no ha fallado aún sobre el episodio de violencia.
El punto es ridículo. La Municipalidad no está diciendo si el empleado cometió o no un delito. Eso, claro que lo tiene que decidir la Justicia. La cuestión es otra. La cuestión es que, aún si la Justicia decidiera que el empleado no cometió un delito, los vecinos de Córdoba, es decir, los dueños de la municipalidad, tenemos derecho a decidir, a través de los gobernantes que elegimos, que no queremos tener un empleado violento. Que no queremos seguir pagándole un sueldo a gente de esa calaña. Incluso si hay que indemnizarlo para que se vaya. Como en el sector privado.
La cuestión va mucho más al fondo. Porque también tenemos derecho a decidir si queremos tener empleados que caotizan la ciudad cuando no se pueden llevarse en sueldos todos los impuestos que pagamos, o empleados que no produzcan bienen y servicios de verdad para nosotros, o que no sean capaces de hacer su tarea. Es decir, tenemos derecho a sacarnos de encima a empleados que no nos sirven. Como sucede en el sector privado.
Llaryora dio una señal fuerte de querer avanzar sobre eso. El anuncio inédito del Suoem de querer hacerse cargo de los daños provocados en sus manifestaciones exhibe el temor del sindicato a que su desprestigio les quite este privilegio de no poder ser echados jamás. El punto para el gremio es clave, porque si los municipales tuvieran que empezar a cuidar su trabajo, como todo el mundo, el poder desmesurado del Suoem se acaba.
La oposición se perdió la oportunidad de ponerse de lado, no de Llaryora, sino de los vecinos que pagan impuestos. Temió que, si respaldaba la exoneración, iba a quedar como furgón de cola del intendente. En cambio, termina siendo locomotora del Suoem.
