Hay pocas cosas tan esenciales como el transporte público de Córdoba. Si nos guiamos por las declaraciones políticas. Dicen que es esencial en tiempos normales. Dicen que es esencial en tiempos de cuarentena. Pero los bondis nunca funcionan como se debe.
Al transporte urbano lo declara esencial la Municipalidad de Córdoba en su marco regulatorio y en los contratos de concesión, que obligan a las empresas a prestar servicios mínimos. Lo declaró esencial por ley la Provincia luego del paro irracional de la UTA en 2017, previendo incluso la prestación mínima del servicio con la fuerza policial. Y lo declaró esencial el presidente Alberto Fernández junto a las otras 23 actividades exceptuadas de la cuarentena en el primer decreto del 19 de marzo.
Sin embargo, acá estamos. Todos a pata. Como siempre.
Las cláusulas de los contratos no se cumplen. La ley provincial tampoco. Y el decreto presidencial, menos.
Lo que han hecho los tres niveles de gobierno ahora con el transporte es más irracional que nunca. Mirá:
Exigen que las empresas de transporte funcionen. Pero prohíben que los ciudadanos circulen. Los pocos autorizados a circular pueden ocupar menos de la mitad de los asientos de un colectivo. Mantienen congelada una tarifa que ya estaba atrasada antes de la cuarentena. Mantienen congelados los subsidios. Y, encima, esto: en abril la Nación no ayudó a ninguna de las transportistas urbanas de Córdoba a pagar una parte de los salarios, como sí ayudó a más de 250 mil empresas de todos los rubros.
Resultado: las empresas -que hoy tienen que pagar por mes 270 millones de pesos en sueldos- sólo pueden cubrir 40%. Si el gremio aceptara un Procedimiento Preventivo de Crisis, podrían llegar a pagar el 70%. El resto podría cubrirse si la Nación les da el subsidio al salario, algo que podría suceder en mayo porque el decreto ha sido modificado. Pero los sueldos de abril siguen siendo un hueco.
Ahora bien: alguna vez los tres gobiernos tienen que pensar para adelante.
Les tiramos algunas ideas: reconocer el valor real de la tarifa; racionalizar los subsidios para los pasajeros que realmente no puedan pagar esa tarifa; cambiar el convenio laboral que obliga a tener un 25% más de choferes; exigir a las empresas que cumplan los contratos y, si no, dejar que se retiren o quiebren y que, con ellas, la UTA pierda los empleos; aplicar la ley provincial de servicios esenciales en los paros; asfaltar las calles por donde van los colectivos; diseñar mejores sistemas.
En definitiva, el mensaje es este: con o sin coronavirus, nosotros los cordobeses somos como El Principito: lo esencial siempre ha sido invisible a nuestros ojos.
Así que dejen de declarar esencial al transporte; nos conformamos con que lo hagan posible. Alguna vez.
