La semana pasada Cadena3 puso sobre el tapete el sudor frío que les está corriendo por la espalda a los gobernadores. ¿Por qué? Por que la recaudación de abril podría ser 20 inferior en términos nominales a la de marzo. Y, como en marzo a duras penas lograron pagar los sueldos, temen que en abril directamente no puedan abonarlos.
Es la peor pesadilla de un gobernador. Por eso, por ejemplo, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se adelantó a todos la semana pasada a avisar que, en una de esas, tendrá que recortar salarios públicos en forma progresiva.
Juan y Axel
Las provincias están buscando alternativas desesperadamente. El viernes, Axel Kicillof les impuso a sus proveedores un certificado de deuda que éstos pueden descontar en el Bapro. Es un forma de financiarse con su propio banco. El Banco Central busca limitar ese endeudamiento del dueño del banco consigo mismo. Porque así empezó la crisis de los bancos provinciales en el 2001 cuando el gobernador era Carlos Ruckauf y abusó de ese mecanismo para financiar su déficit hasta que terminó haciendo entrar en una crisis de solvencia a su propio banco. Cuando el BCRA se pone muy pesado con esta exigencia los bonaerenses suelen sacar a relucir el pacto de Flores de 1859 por el cual, dicen, el Central no tiene jurisdicción sobre el Bapro.
Anoche, Schiaretti fue más allá. También anunció que habrá un título para cancelar deudas con proveedores. Pero preservó al Banco de Córdoba, que ya quebró una vez en el angelocismo, ahogado por préstamos dados a su principal accionista (la Provincia) cuando éste entró en insolvencia.
En cambio, a diferencia de Kicillof, Schiaretti dijo que el título será transferible y que servirá para cancelar deudas tributarias.
Es lo más parecido que ha habido hasta ahora a un bono tipo cuasimoneda en una de las provincias grandes. O sea, los proveedores del Estado que no tengan deudas tributarias podrán usar el título para pagarle un bien o un servicio a otro particular. Y éste podrá pagarle a otro hasta que alguien finalmente use el bono para cancelar una deuda impositiva. O sea: es un medio de pago, limitado, pero medio de pago al fin.
Uso y abuso de bancos oficiales; certificados, títulos y bonos. Al final, va a ser inevitable.
A menos que la Nación les empiece a mandar a las provincias acoplados de billetes, como mínimo una parte de lo que Fernández está emitiendo a rolete para bancar sus propios gastos, concentrados más que nunca en el conurbano bonaerense, el mayor temor de la Casa Rosada.
“¡Que convide!”, dicen los gobernadores.
Gota en el desierto
Aparentemente, la Nación está en eso. Una versión ya bastante añeja (y que demora en concretarse) que les enviaría a todas las provincias 20 mil millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional, por fuera de la coparticipación, para los sueldos.
Ahora, ¿alcanza la plata?
La periodista Gabriela Origlia publicó en La Nación que al conjunto de provincias le faltarían 50 mil millones de pesos para poder cerrar sus cuentas.
O sea que la cifra que el apoyo financiero que evalúa la Nación sería, cuando llegue, de apenas la mitad de lo que podrían necesitar los gobernadores.
La cuestión tiene una implicancia política enorme. La Nación es la única que tiene válvulas de escapes. Puede emitir dinero, como lo está haciendo a niveles récord. Y puede ahorrarse fortunas defaulteando deuda en dólares bajo ley argentina, algo que ya decidió por decreto el domingo.
Los gobernadores no han hecho eso. Hasta ahora. Tienen prohibido emitir cuasimonedas y la Nación presionó a Buenos Aires, por ejemplo, para que no defaulteara su deuda hace apenas semanas.
Así, los gobernadores han quedado más atados de manos que nunca. Y el poder del presidente es de una concentración con muy escasos antecedentes. En este caso, y por ahora, su centralidad es directamente proporcional a la crisis económica.
