Desde la semana pasada ya sabemos que Alberto Fernández no nos va a contar cuál es el plan general pospandemia que tiene, si es que lo tiene. En su lugar va a ir tirando una serie de 60 medidas. Esperemos que sean coherentes entre sí.
Según dejó trascender el gobierno, algunas de esas medidas van a apuntar a que las empresas vuelvan a tomar personal. Se habla, por ejemplo, de reponer el régimen que les permitía a las empresas Pyme pagar los aportes patronales a cuenta del IVA, en una proporción que sube en las provincias con menor desarrollo económico. Otra medida en danza también se usó otras veces: se rebajan aportes patronales para los nuevos empleos que creen las empresas.
Tal vez el paquete del gobierno contenga otras medidas, pero, por lo pronto, estos trascendidos muestran una falta de audacia y originalidad para enfrentar una situación sin precedentes.
De hecho, el sábado, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, descartó de plano una reforma laboral.
Más allá de la audacia, la cuestión es si las medidas van a ser coherentes. Por ejemplo, por un lado se pueden rebajar aportes para tratar de alentar a empresas al borde del quebranto a contratar personal.
Pero la semana pasada el gobierno decretó la prohibición total de despidos hasta el 1 de octubre, una medida completamente extraordinaria, justificada en la emergencia, pero que condena a empresas que no pueden trabajar o que trabajan a pérdida a no poder adaptarse a una nueva realidad. No debe haber nada, nada, que desaliente más a tomar un empleado que el miedo a que luego te prohíban despedirlo, incluso en una crisis tan dura como esta.
Sin que nadie explique un plan general, sólo a partir de medidas sueltas como las que trascienden, para las empresas va a ser muy difícil adivinar si, en la nueva normalidad, contratar personal va a ser una necesidad para el crecimiento o una piedra atada al cuello.
