A falta de una estrategia que podamos conocer todos, el gobierno de Alberto Fernández gasta los pocos cartuchos que tiene en iniciativas sueltas, que se diluyen en días o que directamente son revertidas en semanas, como acaba de pasar ahora con las medidas para frenar el dólar.
Ayer hubo otro ejemplo. El gobierno, se supone, lanzó el Consejo Económico y Social. Juntó a empresarios y sindicalistas, los ministros de Fernández leyeron una lista de 10 cosas que no se saben si son buenos deseos (exportar más), doctrinas (no hay contradicción entre mercado interno y mercado externo) y promesas corporativas a la industria más atrasada y al sindicalismo.
Y listo. Ahí se terminó. Ya las próximas reuniones van a ser sectoriales; mesas de toma y daca donde cada sector va a negociar ventajas y privilegios de poca monta y alcance con los burócratas de turno.
No hay ninguna visión global compartida sobre para dónde debe ir la Argentina ni sobre los compromisos y sacrificios que cada quién debería aceptar para que el tren arranque. Cómo será que en el encuentro de ayer no se mencionó la palabra inflación.
Tan distinto a los pactos básicos y exitosos que hicieron otros países. España, por ejemplo. En 1977, asustada por una inflación que pintaba para 26% anual los Pactos de la Moncloa incluyeron un acuerdo para limitar la suba de salarios al 22% y reducir el déficit fiscal y dejar de motorizar la inflación. Esos son pactos.
Acá siguen los rejuntados de algunos (ayer no estuvieron el agro ni el sector energético) que miran qué puede rasguñar cada uno en el caos de medidas inconexas que van saliendo con fritas de los ministerios y las legislaturas.
Como la Legislatura de Buenos Aires, donde, mientras los ministros de Fernández dicen en estas juntadas que quieren inversiones privadas, los legisladores kirchneristas impulsan una ley para que la Provincia de Buenos Aires sólo pueda comprarle combustibles a YPF. Porque sí, por efluvios del intervencionismo progrenacionalista, que ni se detiene a pensar por qué las petroleras y estaciones de servicios de otras marcas, que son tan argentinas como YPF, no podrían venderle al Estado provincial.
Es el efecto Aerolíneas Argentinas llevado a YPF. O al Correo Argentino, que ahora se larga con Correo Pago. Da lo mismo. Empresas estatales fundidas, con pérdidas multimillonarias, pésimas en su productividad social, compiten en forma desleal durante años con empresas privadas porque total el Estado les cubre sus déficits. Hasta que las empresas privadas no pueden más. Pasó con Lan entre las aéreas, que cerró. ¿Qué quieren? ¿Que cierren también las petroleras?
El Estado y sus corporaciones paraestatales en su conjunto son un muerto que cuelga sobre las espaldas privadas. No lo ve el gobierno de Fernández a esto. No importa que Danone evalúe irse, que Falabella y Sodimac hayan iniciado su retiro. Que la inflación derivada del gasto público y las regulaciones impositivas, laborales, previsionales y burocráticas, agravadas por la pandemia, estén pasando a cuchillo a miles de empresas privadas de todo tipo y tamaño en todo el país. De nada de eso se habló ayer en el Consenso Social, que de social no tiene nada. Fueron sólo un grupo de corporaciones que se juntaron a ver qué pueden sacarle a un gobierno que va viendo y le va dando, mientras el tiempo, implacable, sigue corriendo.
