El parate de la economía no sólo le pone una bomba a la facturación de las empresas de todo rubro y tamaño y a la recaudación de provincias y municipios.
También les pega de lleno a los servicios públicos. Ahora, las distribuidoras de gas natural, dicen que, en los días de la cuarentena, los pagos de los clientes residenciales han caído -escuchen- entre 57 y 84%.
Las razones son dos, dicen las empresas. Una, es el decreto de Fernández que les prohíbe cortar el gas por falta de pago hasta el 30 de septiembre. Eso hace que muchos clientes que han perdido ingresos recorten gastos. Con ese decreto, la factura del gas es uno de esos recortes.
Pero hay otra razón más importante para esta caída en el cobro: por la cuarentena, no están funcionando en forma completa Rapipago, Pagofácil y otros servicios de pago a través de los cuales paga una gran cantidad de clientes.
Exactamente lo mismo pasa con las distribuidoras de electricidad. Las eléctricas ya avisaron que la falta de pago pone en riesgo la continuidad del servicio.
Todo esto se agrega a un problema que ya arrastraban gasíferas y eléctricas, que es el congelamiento de tarifas. O sea, encima que las tarifas están por el piso, no las cobran.
Y a eso se agrega la recesión. Con economía parada en más de 70%, están vendiendo mucho menos gas y electricidad. La demanda eléctrica, por ejemplo, cayó 23%. El consumo de gas y luz es el de un domingo perpetuo, pero sus costos fijos no han bajado, al contrario, suben por los costos extra que impone la pandemia.
Es el triple golpe a los servicios públicos: falta de pago, tarifas atrasadas y caída del consumo, que tampoco puede durar para siempre.
