Qué país raro la Argentina. El Estado les ofrece a las empresas pagar parte de los sueldos de sus empleados, estas aceptan, porque es un subsidio, no un préstamo que tengan que devolver. Sin embargo, un mes después dicen “No, gracias” y devuelven la plata.
Es lo que hicieron tres empresas pertenecientes a Techint y dicen que son muchas más. Como 300 podrían terminar haciendo lo mismo.
¿Por qué sucede eso?
Bueno, hay una razón concreta. Después de que ya se había pagado los sueldos de abril con este sistema, el Gobierno cambió las reglas y dijo que todas las empresas que aceptaron el subsidio no podrían comprar dólares para pagar deudas al exterior o repartir ganancias por un año. Y a las empresas grandes, a las que ya les había puesto estas restricciones por un año, se las multiplicó por dos años. Claro, por la ayuda para pagar hasta 34 mil pesos de los salarios de uno o dos meses, una empresa queda atada a no distribuir ganancias a sus accionistas hasta abril de 2022. Imposible.
Pero no es la única razón. La otra es el temor. La creciente inseguridad jurídica. No sólo apareció la amenaza kirchnerista de estatizar empresas que hubieran recibido esta ayuda.
Hay un creciente temor a que el Estado argentino deje de respetar el secreto fiscal y financiero de las empresas.
Y este domingo, ese miedo recibió una brutal confirmación. El periodista Horacio Verbitsky escrachó a las 100 personas que más dólares compraron durante el macrismo, basado, se supone, en datos del Banco Central. La verdad es que los que encabezan la lista no son macristas sino los dueños del grupo empresario más ligado a los Kirchner en Santa Cruz y los de las empresas más ligadas a otro gobernador hípercristinista.
Pero la cuestión no es esa. Esas operaciones no fueron ilegales ni bajo la mesa. Por eso las tiene registradas el Banco Central. La cuestión de fondo es que esa información es, se supone, confidencial. En cualquier lugar del mundo. Es grave que la información de las personas que maneja el Estado ande dando vueltas por ahí.
Y hasta ahora el Banco Central ni se molestó en desmentir a Verbitsky. Lo que queda claro entonces es que el BCRA ya no sabe, no quiere o no puede resguardar la información confidencial de personas físicas y jurídicas que no han cometido delito alguno. Es algo grave. Son tácticas fascistas utilizadas para presionar, amenazar y eventualmente extorsionar. Y nadie quiere tener nada que ver con un Estado que viola de ese modo los derechos de sus ciudadanos y sus empresas.
