El ala más K del gobierno comenzó a sobrevolar, como los caranchos, a la aceitera y agroexportadora Vicentin. Sueñan con estatizarla para tener, al fin, como dicen ellos, una cereales a través de la cual el Estado pueda intervenir en el principal rubro del comercio exterior.
La excusa es que Vicentin dejó de pagar sus deudas el 6 de diciembre. Y que el Banco Nación es el principal acreedor: le prestó 350 de los mil millones de dólares que debe la empresa. El sueño de los K más radicalizados es usar esa deuda para quedarse con la firma. Ayer, Alberto Fernández, no avaló ni descartó la idea. Dijo: “Nadie quiere que la fuente de trabajo se cierre”. Esa es la justificación.
El problema es que, si Vicentin se estatiza la Argentina volverá a comprarse un problema mayor que el que intenta resolver, como hizo tantas veces.
Como ha sucede sistemáticamente con todas las empresas estatales, una Vicentin estatizada comenzaría a llenarse de ñoquis, los gerentes políticos no tendrían ningún interés en pelearse con el gremio y los empleados, la eficiencia caería, no habría plata para invertir y las pérdidas no le importarían a nadie porque total las cubriría el Estado.
Pero no es ese el único daño que provocaría. Una gran agroexportadora subsidiada por el Estado sería una competencia desleal para el resto de las empresas del sector, que de ese modo no podrían crecer ni invertir. Es condenar al raquitismo a uno de los pocos sectores dinámicos que quedan.
No hay que andar mucho para ver esto. El ejemplo claro es Aerolíneas Argentinas. Desde su estatización en 2008 hemos subsidiado sus pérdidas con más de 6.000 millones de dólares. Aerolíneas goza de esa y muchas otras ventajas desleales, como el uso casi monopólico del Aeroparque porteño. Todo eso conspira contra el desarrollo de otras empresas, aunque sean mucho mejores que la estatal.
Sería un grave error transformar a Vicentin en una especie de “aceitera de bandera”, con efectos perversos iguales a los de Aerolíneas.
Si quienes dieron créditos del Banco Nación durante la gestión Macri a Vicentin cometieron un delito, deben ir a la cárcel. Y si Vicentin no paga sus deudas debe ir a quiebra y sus dueños perder la empresa. Es muy sencillo. Es lo que sucede en cualquier lugar del mundo que no esté atragantado de populismo del malo.
Los puertos de Vicentín, sus fábricas de aceite y etanol, su frigorífico, no van a desaparecer. Son instalaciones valiosas y otros privados estarán interesados en manejarlos y mantener los empleos productivos, como sucede en cualquier país civilizado cuando un privado quiebra. De eso podrán cobrarse el Nación y los demás acreedores. Y si el Nación no recuperase todo, eso será mejor que los miles de millones que, ponéle la firma, perdería el Estado manejando Vicentín.
Lo peor que podría hacer el Estado es agravar un problema creando una “aceitera de bandera” que, como Aerolíneas, se pase una década generándonos pérdidas monstruosas e impidiendo el desarrollo de un sector clave como el agroexportador.
