La quinta pata del gato
23/03/2021 | 13:11 | Dos veces, policías, fiscales y jueces condenaron al motochoro asesino. Pero los ideólogos del garantismo cómplice pudieron más. Hay que aplicarles sus propias teorías.
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Alejandro Miguel Ochoa ya no es un pibe descarriado. Tiene 55 años y es motochoro. El viernes mató a una mujer en La Matanza. Cuando le arrebató la cartera, la arrastró y la mujer murió por los golpes que recibió al caer y al ser arrastrada.
Lo alucinante es que Ochoa estuviera en la calle. Tenía no una sino dos condenas por hacer exactamente lo mismo durante años: asaltar violentamente a mujeres usando una moto.
La primera condena había sido por seis hechos. La segunda había sido por dos hechos, uno muy grave porque la mujer atacada quedó con un brazo prácticamente triturado por la cadena de la moto.
O sea que la policía y la Justicia funcionaron. Es muy difícil en Argentina que estos hechos lleguen a una condena. Pero, acá, dos veces hubo, se ve, policías que actuaron, fiscales que elaboraron pruebas y jueces que condenaron.
El problema es que hubo otra cosa que funcionó mejor que la Justicia: el garantismo cómplice. Es un garantismo que ha transformado las garantías constitucionales a las que todos tenemos derecho -incluidos los motochoros- en ideología. El sacerdote mayor de esta secta es Eugenio Zaffaroni: dice que en principio cualquiera que esté preso es víctima de la sociedad y que en el fondo debe estar libre. Con esa ideología de niños ricos que tienen tristeza, de progres acomodados en barrios cerrado, los monjes zaffaronistas se lanzaron a copar parte de la justicia penal y, sobre todo, los ministerios de Justicia y los poderes fiscales de Nación y provincias.
Esos garantistas fueron los que, cuando el coronavirus ni siquiera se había expandido en Argentina, en abril, largaron de las cárceles a varios miles de presos (ni siquiera hay datos precisos) en la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Los jefes políticos de los defensores les ordenaron pedir excarcelaciones. Y los jefes políticos de los fiscales les ordenaron no oponerse.
En el caso de Ochoa la prisión domiciliaria le fue otorgada por el juez Marcelo Riquert en abril de 2020, en el arrebato cara de gato de los garantistas cómplices. En efecto sacaron a los presos antes de que se supiera qué podía pasar en las cárceles: al final se vio que hubo más contagios fuera que adentro de los presidios. Lo cual era lógico: ¿dónde vas a estar más aislado que en una prisión?
En la mera formalidad de los trámites Ochoa le juró a la justicia que iba a cuidar a su madre, un hermano discapacitado y a su hijo. Y que cada 15 días iba a notificar al juzgado. Puro verso. Los garantistas bienpagados que engordan en la Justicia no saben, no pueden y lo más probable es que no quieran realizar los controles que prometen.
Dan ganas de aplicarles a los garantistas cómplices sus propias teorías y sostener que el culpable por la muerte de esta mujer no es Ochoa, el motochorro. Los culpables son los ideólogos que lo liberaron sin importarles nada.