Política esquina Economía
25/06/2020 | 08:44 | El juez de Avellaneda le ofrece a Alberto F. una segunda oportunidad para que se olvide de Vicentin y se dedique a lo importante.
Lo dijo con más claridad que nadie el intendente de la ciudad santafesina de Avellaneda, Dionisio Scarpín: “¿El Estado no puede cortar el pasto en la ruta 11 y quiere manejar Vicentin?”.
Todos los días podrían agregarse pelotazos en contra. Ayer, por ejemplo, se blanqueó que tres estados (el nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires), luego de tres meses de cuarentena, siguen sin poder hacer funcionar el supuestamente estricto sistema de permisos de tránsito, al que sin embargo los ciudadanos le ordeñan 570 mil pases de emergencia en 48 horas. Por supuesto no hay fuerza policial en el mundo que pueda controlar semejante ola. Otro invento argentino.
Ya no queda casi nadie en la fila de los expertos que no le haya dicho al gobierno que no tiene ningún sentido que el Estado se meta en Vicentin. Que de “estratégica” esa empresa tiene sólo la ensoñación de escritores que desde hace 70 años militan en el mismo centro de estudiantes.
Ya le han dicho que el Estado no tiene el dinero ni la capacidad para poner a Vicentin en marcha. Que aún si lograra sostenerla a fuerza de cubrirle sus déficits con billetes sin respaldo, lo que lograría sería destruir a todas las demás competidoras de Vicentin, que no podrían competir porque a ellas nadie les cubriría sus pérdidas. Como les pasó a todas las aéreas con Aerolíneas Argentinas.
Juristas y economistas ya han explicado que lo mejor que puede suceder es que los 2.638 acreedores de Vicentin SAIC -entre ellos el Banco Nación, acreedor del 18% de los 100 mil millones de pesos que debe la firma- definan junto al juez comercial santafesino Fabián Lorenzini si la cerealera puede seguir o no.
Y que, si los acreedores no le encuentran la vuelta, lo segundo mejor que puede pasar es que Vicentin quiebre y que con sus restos se cobren los acreedores, en lugar de eternizar su disfuncionalidad dándole pérdidas al Estado. Si los remanentes no alcanzan a cubrir las acreencias, el resto de la sociedad no tiene por qué cubrirles el riesgo empresario vía estatización de deudas. ¿El Estado piensa hacer lo mismo con todos los quebrantos que haya en esta crisis o los acreedores de miles de otras empresas tendrán que ir al Inadi?
Finalmente, lo tercero mejor que puede pasar es que, si en el proceso judicial se sospecha que el clan Vicentin realizó actos ilegales, fraguó un default, vació activos, contrabandeó granos o transfirió ilegalmente patrimonio al exterior para que los acreedores perdieran su rastro (todas acusaciones que se hacen livianamente), entonces enfrenten un proceso penal. Como se debe.
El “juez de pueblo” -como le llamó un conocido militante K porteño ignorante de que, sorprendido de que Lorenzini desobedeciera una orden presidencial- ya había reculado el decreto de intervención de la Casa Rosada, considerado ilegal por la mitad de la biblioteca más uno.
Ayer, lo volvió a hacer. Esta vez, el juez consideró sólo un incidente un nuevo pedido de intervención, con variantes, formulado por el gobernador santafesino, Omar Perotti.
Los directores de Vicentin siguen en su lugar. Los acreedores también. El concurso sigue su curso. La Justicia sigue conduciendo el proceso.
Ahora está por verse si el kirchnerismo -mientras duda entre el cable amarillo la cuarentena más larga del mundo o el rojo de ahogar la economía- insiste en el proceso de expropiación.
Es lo que prometió Fernández si no prosperaba la intervención, tal vez convencido de que el “juez de pueblo” osaría pegarle un segundo punterazo en los dedos.
También hay quienes ya le están recomendando al Presidente que se olvide de Vicentin, que deje de perder el tiempo con una performance para el tablón. Que es mucho más útil, urgente y necesario para las empresas argentinas que el Estado se encargue de lo que sí debe hacer. Por ejemplo, terminar con el novelón del default. Una espada de Damocles que, si cae, se va a llevar puestas y sin retorno a decenas de las empresas más grandes del país.
Empezando por estatales como YPF, a la que el primer día le adosaron, con el entusiasmo del acné, el manejo de Vicentin.
Si eso pasa, no vamos a dar abasto para observar la extranjerización, la quiebra, el desmembramiento y los impagos de “empresas estratégicas”.